El Consell Insular de Formentera se ha quedado sin adjudicatario para el servicio de vigilancia ambiental del antiguo vertedero de Es Cap de Barbaria, el mismo que el conseller de Empresa del Govern Balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, calificó el pasado octubre como «la montaña de la vergüenza».
Ninguna empresa se presentó a la licitación convocada a finales de abril, lo que ha abierto un periodo sin contrato vigente para un servicio que la administración está legalmente obligada a mantener durante treinta años.
El contrato que cubría el seguimiento posclausura del vertedero, adjudicado en 2021 a la empresa Eurofins Iproma S.L.U., venció el 27 de abril de 2026, agotadas las dos prórrogas anuales previstas en el pliego.
En ese contexto, el Consell lanzó la nueva licitación el 24 de abril —tres días antes del vencimiento— con carácter de tramitación urgente. La fecha límite para presentar ofertas fue el 6 de mayo. Seis días después, la Mesa de Contratación se constituyó en la Sala de Actos del Consell y levantó acta en diez minutos: no se había presentado ninguna empresa. Por eso, se propuso por unanimidad declarar desierta la licitación.
La Junta de Gobierno del pasado 15 de mayo formalizó esa declaración y, en la misma sesión, aprobó iniciar un nuevo expediente de contratación —el C13/2026— para relicitar el servicio desde cero, esta vez sin tramitación urgente.
Una obligación legal de treinta años sin cobertura
La vigilancia posclausura del vertedero de Es Cap de Barbaria no es discrecional. La clausura y sellado del vertedero fue autorizada por el Govern balear el 14 de febrero de 2014.
Esa resolución impone al Consell, como titular de la instalación, una serie de obligaciones de control ambiental con periodicidades fijas —toma de muestras, análisis, estudios y control documental— durante un plazo de treinta años. La instalación tiene además la calificación de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA), lo que añade una capa adicional de obligaciones de seguimiento ante la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern.
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«Todo el mundo en Formentera ha estado mirando hacia otro lado»
En octubre pasado, cuando Sáenz de San Pedro visitó la zona de recepción de residuos de Formentera, el panorama que describió fue de abandono acumulado durante más de quince años: unos 240.000 metros cúbicos de escombros de construcción y demolición, la mayor acumulación de este tipo en todo el archipiélago balear, apilada en una montaña de cuarenta metros de altura visible desde buena parte de la isla.
«Durante más de 15 años todo el mundo en Formentera ha estado mirando hacia otro lado», afirmó entonces el conseller. El área descontrolada de vertido había sido clausurada en marzo de 2025, y la vicepresidenta del Consell, Verónica Castelló, anunció que la institución preparaba la licitación del servicio de gestión de residuos y trabajaba en «una respuesta a largo plazo».
Aquella licitación de gestión de residuos es un asunto distinto al del seguimiento posclausura, pero el resultado en este segundo frente es el mismo: nadie se presentó.
Un limbo administrativo con riesgo ambiental real
Lo que está en juego es el control de una instalación enterrada que, si no se monitoriza adecuadamente, puede generar contaminación de suelos y acuíferos sin que la administración lo detecte a tiempo.
El seguimiento posclausura existe precisamente para garantizar que el sellado funciona y que no hay filtraciones ni emisiones que escapen al control. La ausencia de contrato no suspende esas obligaciones legales: el Consell sigue siendo el titular responsable.
El nuevo expediente iniciado el 15 de mayo deberá recorrer de nuevo el trámite completo: redacción de pliegos, publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, plazo de presentación de ofertas y constitución de mesa. Hasta que se adjudique y entre en vigor, el seguimiento del vertedero queda en un limbo administrativo.
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