El GEN-GOB ha llevado al SEPRONA el sistema de abastecimiento de agua del aeropuerto de Ibiza. La organización ecologista denuncia que la instalación capta agua de un acuífero sobreexplotado y que su nivel de cloruro es un 400% superior al permitido para el consumo humano, según un comunicado difundido por la entidad.
El aeropuerto se abastece del acuífero subterráneo mediante concesiones otorgadas por la Dirección General de Régimen Hidráulico. Estas permiten una extracción máxima de 93 millones de litros al año, de los que AENA declara consumir 80 millones. A primera vista, el gestor aeroportuario opera dentro de los límites autorizados.
El problema, según GEN-GOB, es que el propio acuífero no puede soportar ese volumen. El Plan Director del aeropuerto, en su memoria ambiental, reconoce que la instalación depende de una unidad hidrogeológica, la conocida como 20.06, cuya recarga anual se estimaba en 2008 entre 6 y 10 hectómetros cúbicos, una cifra que la organización sostiene que ha ido a menos por la caída de las precipitaciones. Frente a esa recarga, las extracciones para abastecimiento urbano, industrial y de riego de esa misma unidad rondan los 20 hectómetros cúbicos al año.
Ese desequilibrio, admite la propia memoria ambiental, provoca un descenso de los niveles piezométricos y la entrada de agua marina en los pozos, un proceso de intrusión salina que GEN-GOB asegura que afecta a buena parte de la isla.
El agua supera el límite de cloruro
La memoria del Plan Director recoge que el agua extraída del acuífero para el aeropuerto tiene un nivel de cloruro un 400% superior al que marca la normativa para el agua potable. En la práctica, esto significa que el aeropuerto no cuenta con una concesión de agua potable propiamente dicha, porque el acuífero del que se nutre está tan explotado que se está salinizando.
Para disponer de agua potable, la instalación recurre a un proceso de potabilización, es decir, de desalación. Ese tratamiento exige autorizaciones específicas, tanto para el proceso como para el vertido de la salmuera resultante, que según GEN-GOB duplica la concentración de sal e incorpora aditivos químicos y metales pesados. Esas autorizaciones deben concederlas los organismos de cuenca tras una tramitación que incluye una evaluación de impacto ambiental. La cercanía de las instalaciones al Parque Natural de Ses Salines agrava, a juicio de la organización, el riesgo de afección ambiental.
La Administración dice no tener constancia
GEN-GOB se dirigió a la Dirección General de Recursos Hídricos para preguntar qué trámite se había seguido para autorizar la potabilización de agua en el aeropuerto y dónde se había autorizado el punto de vertido de la salmuera. La respuesta, según relata la organización, fue tajante: «No existe información sobre ninguna planta potabilizadora ni ningún punto de vertido».
Para GEN-GOB, esa respuesta deja solo dos posibilidades. Si la planta desaladora es legal, resulta imposible que no conste en los registros de la Dirección General de Recursos Hídricos. Si no lo es, sostiene la organización, AENA estaría incurriendo en un delito contra los recursos naturales. Por esa razón, la entidad ha trasladado el caso al SEPRONA para que lo investigue.
Un posible delito contra el medio ambiente
El Código Penal español tipifica en su artículo 325 los vertidos capaces de contaminar acuíferos, y castiga las acciones de arrojar o infiltrar sustancias nocivas que pongan en peligro grave los recursos hídricos y el medio ambiente. GEN-GOB considera que, a la vista de los datos recopilados, procede investigar el caso y, si corresponde, depurar responsabilidades administrativas y penales.
La organización ecologista va más allá y acusa a AENA de anteponer los intereses de su accionariado privado a la sostenibilidad de la isla, pese a tratarse de una empresa de titularidad pública en un 51%. Para GEN-GOB, la gestión del agua en el aeropuerto de Ibiza es un ejemplo de cómo las grandes corporaciones pueden pasar por encima del interés general sin que la Administración actúe.
