La empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L., adjudicataria del derribo del histórico complejo abandonado de Cala d’en Serra, y su administrador, Félix Azcona Lacarra, están investigados por la Guardia Civil en dos causas judiciales distintas vinculadas a la trama de presunta corrupción que afecta al PSOE y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, el Consell Insular de Ibiza adjudicó el pasado 26 de junio el contrato de demolición del «Poblado de Vacaciones Cala d’en Serra», en Sant Joan, a la firma navarra —con sede en Olite—, por 1.029.885,38 euros (IVA incluido), frente a un presupuesto de licitación de 1,73 millones.
La formalización del contrato se produjo el 10 de julio, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, y el presidente insular, Vicent Marí, confirmó la adjudicación cinco días después, en el Debate de Política General. Estas obras no podrán iniciarse antes del 1 de noviembre por motivos ambientales, y el plazo de ejecución se extiende doce meses, con una primera fase que debe concluir el 31 de marzo de 2027.
En el punto de mira de los investigadores
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados a la instrucción, Erri-Berri figura entre las empresas que habrían pagado comisiones a la red conocida como «Hirurok», integrada por la exasesora socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán.
Ambas causas se instruyen en tribunales distintos y afectan a contratos públicos distintos, aunque comparten protagonistas y un mismo patrón de funcionamiento.
La causa de Avilés
La primera causa, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, investiga la adjudicación en diciembre de 2021 a Erri-Berri del contrato de 2,85 millones de euros para el desmantelamiento de las Baterías de Coque y Gasómetros del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), en Avilés, promovido por SEPIDES, filial de la SEPI.
Según la UCO, la oferta de Erri-Berri —calificada como anormalmente baja— fue favorecida por gestiones de la red, que además habría intervenido para evitar que un recurso de otra empresa paralizara la formalización del contrato.
Como contraprestación, los investigadores sostienen que se pactó el pago de 400.000 euros, canalizados mediante facturas de servicios de sociedades interpuestas —Mediaciones Martínez, Servinabar y Valeriano Urrutikoetxea, entre otras—, algunas de ellas relacionadas con supuestas gestiones de intermediación con el FC Barcelona que la Guardia Civil considera de dudosa realidad.
El pasado 29 de junio, Pedraz imputó a 25 personas en esta pieza, entre ellas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y Félix Azcona, como administrador de Beyol Gestión, sociedad que a su vez administra Erri-Berri.
La causa de Navarra
La segunda causa, instruida por el Tribunal Supremo dentro del denominado caso Cerdán, investiga pagos de Erri-Berri a Servinabar 2000 —empresa de Antxón Alonso en la que Cerdán habría tenido una participación del 45%— por unos 99.500 euros entre finales de 2023 y principios de 2024. Esos pagos coincidieron con la incorporación de Erri-Berri como empresa homologada en un sistema de contratación de la empresa pública navarra Potasas de Subiza, aunque la sociedad matriz de esta última niega que hubiera adjudicación directa. Erri-Berri, por su parte, ha explicado que los pagos correspondían a servicios reales prestados por Servinabar en la demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obra en la que la empresa navarra trabajó como subcontratista de Acciona.
Un informe posterior de la UCO, del 24 de junio, eleva a más de 575.000 euros el total abonado por Erri-Berri y sociedades de su entorno a las empresas vinculadas a Alonso, sumando ambas líneas de investigación.
Cronología
La adjudicación del contrato de Cala d’en Serra a Erri-Berri se produjo el 26 de junio, dos días después de que trascendiera el informe de la UCO que cifraba en 575.000 euros los pagos investigados, y tres días antes de que el juez Pedraz imputara a Félix Azcona junto a otras 24 personas.
La formalización del contrato, el 10 de julio, llegó ya con ambos hechos plenamente conocidos.
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Cuenta atrás para borrar la gran ruina de Cala d’en Serra: el Consell de Ibiza ya tramita el derribo
El proyecto contempla la demolición de más de 7.200 metros cuadrados construidos: cuatro edificios principales, además de piscina, casetas, depósitos, un centro de transformación y diversas estructuras exteriores. El estado de conservación del complejo fue calificado en el proyecto técnico como de «grave riesgo de colapso», lo que convirtió la actuación en una prioridad para el Consell de Ibiza, institución que asumió el liderazgo del expediente después de que el Ayuntamiento de Sant Joan le cediera la competencia.
El plazo de ejecución se estructura en cinco meses para la demolición y restauración inicial, más siete meses de mantenimiento posterior. La fecha límite para completar la primera fase es el 31 de marzo de 2027.
Una vez derribadas las estructuras, se procederá a la restauración paisajística del entorno mediante trabajos de jardinería y recuperación del terreno para devolverlo a su estado natural, en una parcela clasificada con figuras de protección ARIP y AANP y bajo la afección de la Ley de Costas.
El «Poblado de Vacaciones Cala d’en Serra» fue iniciado en los años 70 y nunca terminado, y lleva décadas convertido en una ruina de hormigón en suelo rústico protegido del norte de la isla.
La adjudicación cierra un proceso que se extendió durante años entre conflictos urbanísticos y trámites administrativos, y que el propio Vicent Marí calificó como una de las «decisiones valientes» de la legislatura en el Debate de Política General del 15 de julio.
La respuesta del Consell
Desde el Consell Insular han explicado a La Voz de Ibiza que «la prohibición de contratar con el sector público se activa únicamente cuando hay una condena penal firme por delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias o malversación, o si ha sido declarada penalmente responsable».
En tal sentido, remarcaron lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: «La imposibilidad de contratar con la administración pública (Artículo 71, 1 a de la Ley de Contratos) seria en caso de sentencia firme o que tuvieran sanciones graves por infracción grave en materia profesional, que no estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias, o con la Seguridad Social u otros casos».
Por eso, argumentaron que «la empresa que ha ganado no está en esos supuestos, por lo que no está incurso de imposibilidad de contratar. Estar ‘investigado’ no es estar ‘condenado’, sólo seria en caso de condena firme cuando no pudiera acceder a la contratación pública».
«Tenemos la declaración responsable de esa empresa de que no está en incurso en prohibición de contratar y en todo caso esa prohibición seria cuando hubiera sentencia firme, no en investigación», detallaron.
