Finalmente, el Consell Insular de Ibiza ha sacado a licitación las obras para la demolición de la estructura inacabada de Cala d’en Serra, en Sant Joan, con un presupuesto de 1,73 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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El anuncio supone el paso definitivo tras décadas de bloqueo para eliminar uno de los complejos abandonados más emblemáticos de la isla.
La actuación contempla el derribo integral del antiguo proyecto hotelero iniciado en los años 70 y nunca finalizado, así como la restauración paisajística del entorno, situado en una de las zonas de mayor valor ambiental del litoral norte.
El proyecto técnico prevé la demolición de más de 7.200 metros cuadrados construidos, lo que evidencia la envergadura de la intervención. La actuación incluye cuatro edificios principales, además de piscina, casetas, depósitos, un centro de transformación y diversas estructuras exteriores.
En concreto, más de 6.300 metros cuadrados corresponden a edificaciones y cerca de 900 a elementos auxiliares, como caminos, muros y plataformas, lo que obliga a una intervención integral sobre todo el ámbito afectado.
Además, deben ser intervenidos 38 árboles, la mayoría de ellos pinos carrascos: 29 de ellos deberán ser talados directamente.
De un “poblado de vacaciones” a una ruina
En la Memoria del proyecto de demolición se detalla que “el conjunto edificatorio que nos ocupa, originalmente denominado ‘Poblado de Vacaciones Cala d’en Serra’, fue iniciada su construcción en la década de los años 70 y 80, sobre la ladera de la montaña que da al este”
La mayoría son construcciones de tres niveles, según la documentación gráfica y fotográfica aportada en el Pliego de Condiciones Técnicas.
“La estructura inacabada objeto de demolición, compuesta por edificaciones aisladas y anexas, según el caso, está formada fundamentalmente por una estructura de hormigón armado, con cimentaciones, pilares, pórticos y forjados unidireccionales de hormigón armado, donde se observan numerosos cerramientos perimetrales de bloque de hormigón vibrado, así como algunos cerramientos de fachada de ladrillo cerámico”, detalla.
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Debido a su estado de conservación ruinoso, alerta de un “grave riesgo de colapso”.
En zonas muy concretas de las edificaciones existentes, “se encuentran realizados los revestimientos interiores, así como se localizan diversas zonas residuales alicatadas con azulejos de gres, y revestimientos de pavimentos mediante baldosa de barro cocido. Estos acabados no son generalizados en el conjunto edificatorio”.
Un enclave en suelo protegido
La memoria del proyecto subraya que la construcción se ubica en suelo rústico protegido, dentro de áreas de especial interés paisajístico y bajo afecciones de la Ley de Costas, lo que refuerza la necesidad de su eliminación.
Se trata de un entorno con figuras de protección como ARIP y AANP, donde la presencia de una estructura de gran volumen abandonada resulta incompatible con los valores naturales del territorio.
El complejo presenta estructuras de hormigón armado, muros de carga y forjados, lo que convierte el derribo en una operación técnicamente compleja, que requerirá maquinaria pesada y un proceso controlado.
El proyecto establece varias fases de ejecución, comenzando con demolición mecánica y finalizando con movimientos de tierras y adecuación del terreno, garantizando la seguridad durante toda la intervención.
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Restauración del paisaje y plazos
Más allá del derribo, el plan incluye actuaciones de integración ambiental, con trabajos de jardinería y recuperación del terreno, con el objetivo de devolver el espacio a su estado natural.
La gestión de residuos será controlada, con traslado a vertederos autorizados y reutilización de parte de los materiales, minimizando el impacto ambiental de la obra.
El plazo previsto es de cinco meses para la demolición y restauración inicial, más siete meses de mantenimiento posterior, hasta completar los 12 meses de actuación.
Sin embargo, se establece que las obras propias de demolición no podrán empezar antes del 1 de noviembre de 2026, «justo en el momento en que se haya finalizado el período que medioambientalmente impide el comienzo de las mismas».
No obstante, la empresa estará autorizada, una vez firmado el contrato, «a efectuar la implantación de su maquinaria y medios auxiliares, así como implantaciones referentes a la seguridad y salud, y resto de trámites administrativos necesarios, aunque no haya dado comienzo el plazo efectivo de ejecución».
Respecto de la finalización del primer plazo parcial de las obras de demolición y restauración, la fecha límite es el 31 de marzo de 2027.
De la parálisis a la licitación
La publicación del concurso público marca un punto de inflexión tras años de trámites administrativos, conflictos urbanísticos y abandono del complejo, que se ha convertido en uno de los símbolos del urbanismo fallido en Ibiza.
El inicio de las obras dependerá ahora de la adjudicación del contrato, que permitirá ejecutar por primera vez un plan concreto para eliminar la estructura y recuperar el enclave.
Con esta licitación, Cala d’en Serra encara por fin la fase definitiva hacia la desaparición de la ruina, en una actuación clave para la recuperación ambiental del municipio de Sant Joan.
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