La Dirección General de Costas y Litoral del Govern balear está en pie de guerra. El cese de María Joaquina Ferrer Matas, que La Voz de Ibiza adelantó en exclusiva y que el Govern confirmó el pasado viernes, ha desencadenado una respuesta sin precedentes en el seno de la propia administración: el jefe del Departamento de Costas y Litoral, la jefa del Servicio de Autorizaciones, la jefa del Servicio de Sanciones, la jefa del Servicio de Concesiones y otros 17 funcionarios de la Dirección General han firmado una carta dirigida al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, en la que expresan su «desacuerdo» con la decisión y advierten de que varios responsables del departamento ya han decidido dejar sus puestos.
La carta fue compartida este martes por la propia Ferrer Matas en su cuenta de Facebook. «Comparto, con su autorización, la carta que parte del personal de la Dirección General de Costas y Litoral ha querido dirigir al conseller tras conocer mi cese (conservo el original firmado). Creo que el escrito habla por sí solo. Solo puedo agradecer profundamente sus palabras y, sobre todo, el trabajo, la profesionalidad y el compromiso que han demostrado este tiempo. Ha sido un privilegio trabajar con este equipo. Me quedo, por encima de todo, con eso».
Lo que dice la carta
El documento, firmado por los máximos responsables técnicos de la Dirección General, comienza reconociendo la labor de Ferrer Matas al frente de una dirección general «especialmente compleja», desarrollada «siempre desde el respeto a la legalidad, a los procedimientos administrativos y al criterio técnico de los empleados públicos responsables de su tramitación».
Los firmantes destacan que durante ese periodo se produjo «un incremento muy significativo de la actividad de la Dirección General y del número de expedientes tramitados y resueltos», lo que contradice directamente el argumento del portavoz Antoni Costa, que citó los retrasos en la tramitación como una de las causas del relevo.
La carta desvela además que las discrepancias entre Ferrer Matas y el conseller Lafuente no se limitaron al expediente de las hamacas de Formentera. Los firmantes señalan que «en otros asuntos han existido diferencias relevantes respecto de los criterios técnicos o jurídicos sostenidos desde esta Dirección General y, en uno de ellos, tales diferencias llegaron incluso a dar lugar a la avocación de la competencia para resolver». La avocación supone que un órgano superior se arroga la competencia que corresponde a un órgano inferior —en este caso, la propia Dirección General— para resolver un asunto concreto.
La retroacción de las hamacas, contra el criterio de Ferrer
Uno de los pasajes más relevantes de la carta para el seguimiento del caso de las hamacas y sombrillas de Formentera es el que describe cómo se produjo la retroacción del procedimiento del recorte de los lotes.
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Los funcionarios explican que el Consell Insular adjudicó los servicios de playa antes de disponer de la preceptiva autorización de la Dirección General, y que cuando se tramitó esa autorización, la documentación presentada y las actuaciones que podían ser autorizadas de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos no coincidían con lo adjudicado por el Consell.
La Dirección General tuvo que resolver, por tanto, sobre una situación condicionada por actuaciones anteriores de otra administración. Y cuando posteriormente se presentó un recurso, el Servicio Jurídico acordó la retroacción del procedimiento «contra el criterio mantenido por esta Dirección General», que consideraba que, por el alcance de las modificaciones planteadas y de acuerdo con la normativa aplicable, procedía la presentación de una nueva solicitud, no retrotraer el procedimiento.
Es decir: la marcha atrás en el recorte de hamacas que el Consell celebró en su nota de prensa este lunes fue decidida por el Servicio Jurídico del Govern en contra del criterio técnico de la propia Dirección General de Costas.
Dimisiones y pérdida de conocimiento
El párrafo más grave de la carta es el que describe las consecuencias inmediatas del cese: «En este contexto, distintos responsables de la Dirección General han decidido ya dejar sus puestos, lo que supone una pérdida de experiencia y conocimiento en un ámbito administrativo especialmente complejo».
Los firmantes advierten además de la señal que esa situación envía al conjunto de los empleados públicos: «Nos preocupa especialmente la percepción que puedan generar situaciones como esta entre los empleados públicos llamados a sostener criterios técnicos y jurídicos incluso cuando estos no coinciden con las expectativas existentes en torno a un determinado expediente».
La carta concluye expresando el desacuerdo colectivo con el cese: «Consideramos de justicia reconocer públicamente la labor desarrollada por la directora general y expresar nuestro desacuerdo con una decisión que pone fin a una forma de trabajar que, desde dentro de esta Dirección General, hemos considerado rigurosa, responsable y comprometida con la defensa del interés general».
El contexto
El cese de Ferrer Matas se produce tras meses de conflicto con el Consell Insular de Formentera por las hamacas y sombrillas, que La Voz de Ibiza ha documentado en detalle.
La directora general firmó la resolución que denegó más de un tercio de los lotes para las temporadas 2026-2029, aplicando la OCAMAT y los criterios de protección del Parque Natural de Ses Salines. En la tensa reunión del 18 de mayo, ante el propio conseller Lafuente, calificó el contrato de hamacas de «ilegal» y respondió a la consellera insular Verónica Castelló que sus técnicos no iban a ser presionados ni a prevaricar.
El Govern justificó el relevo apelando a «divergencias» entre Lafuente y Ferrer Matas y a la necesidad de un perfil más «dialogante».
La cesada lo desmintió en redes sociales negando cualquier retraso en la tramitación de expedientes. Ahora son sus propios funcionarios quienes, con sus firmas, respaldan esa versión y denuncian públicamente una decisión que, desde dentro de la Dirección General, consideran injustificada.
