Mientras el Govern balear definía internamente el cese de María Joaquina Ferrer Matas como directora general de Costas y Litoral, su propia Conselleria del Mar y Ciclo del Agua reconocía que el procedimiento que había llevado a denegar más de un tercio de los lotes de hamacas y sombrillas de Formentera para las temporadas 2026-2029 tenía un vicio de forma: no se había concedido al Consell Insular el trámite de audiencia previo a la resolución parcialmente denegatoria, un requisito procedimental obligatorio.
Según ha informado este lunes el Consell Insular de Formentera, el Govern acordó retrotraer el procedimiento, lo que abre un nuevo plazo para que el Consell presente la documentación técnica y jurídica que considera necesaria para defender su propuesta.
El Consell Insular de Formentera aprobó el pasado martes, en Junta de Govern, las nuevas alegaciones que ha presentado ante la Conselleria del Mar al amparo de ese nuevo trámite, según recoge una nota de prensa emitida por la institución insular.
Además, confirmaron a La Voz de Ibiza que estas alegaciones fueron presentadas «la semana pasada».
«Tras la retroacción del procedimiento y la apertura de un nuevo trámite de audiencia, se indicó que se debía presentar alegaciones, que son las que se aprobaron la pasada semana en Junta de Gobierno y ya se han presentado. Las alegaciones se centran en las instalaciones que fueron denegadas y en aportar la justificación técnica necesaria para defender su autorización», detallaron desde el Consell.
Qué argumenta el Consell en sus nuevas alegaciones
La documentación presentada por el Consell incorpora un informe jurídico y una propuesta técnica que sostienen que varios de los criterios utilizados para denegar instalaciones se aplicaron de forma excesivamente restrictiva, sin tener en cuenta las características físicas de las playas de Formentera ni el margen de interpretación que prevé la propia normativa.
El Consell defiende que su propuesta cumple la Ley de Costas, la OCAMAT y la normativa ambiental vigente, y recuerda que existe una resolución favorable de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal que declara la no afección de las instalaciones de temporada a la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
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Las alegaciones señalan además que las ocupaciones propuestas se mantienen muy por debajo de los límites máximos previstos por la normativa estatal: un máximo del 10% en las playas naturales y del 50% en las urbanas, y que ninguna de las propuestas supera esos porcentajes.
Entre los argumentos principales, el Consell sostiene que la normativa permite adaptar determinados criterios —como las distancias respecto a las dunas, la zona activa de playa o las franjas de paso— cuando existe una justificación técnica suficiente y siempre que se garanticen tanto la conservación ambiental como el uso público de las playas.
Y defiende que en los casos en que las condiciones físicas de una playa impidan instalar la totalidad de los elementos previstos, la solución debería ser reducir su número, no denegar íntegramente la instalación.
Como refuerzo de la propuesta, el Consell ha presentado una cartografía actualizada que adapta la representación de los elementos a la realidad física actual de las playas, tomando como referencia la ortofotografía de 2024, los informes del Parque Natural y la normativa vigente. Esta documentación, aclara la nota, no incorpora nuevas instalaciones sino que perfecciona la justificación técnica de las ya solicitadas.
El Consell niega presiones y desvincula el cese de sus gestiones
La nota de prensa del Consell incluye también una respuesta explícita a las informaciones publicadas en los últimos días. La institución rechaza «cualquier interpretación que pueda sugerir presiones sobre personal técnico o responsables del Govern de las Islas Baleares» y afirma que la defensa de las instalaciones de temporada «se ha desarrollado en todo momento por los canales administrativos e institucionales correspondientes».
La consellera Verónica Castelló fue directa: «Formentera no ha presionado a nadie. Hemos hecho lo que corresponde a cualquier administración: defender los intereses de la isla con informes, argumentos técnicos y por los canales institucionales establecidos».
Y añadió: «No estamos pidiendo ninguna excepción ni ningún trato de favor. Lo que pedimos es que la normativa se aplique con criterios técnicos, proporcionales y adaptados a la realidad de las playas de Formentera».
El Consell señaló también que no tenía conocimiento previo del cese de la directora general de Costas y Litoral y que, por tanto, desvincula completamente esa decisión de las gestiones realizadas por la institución en relación con las instalaciones de temporada de las playas de Formentera.
