La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera resolvió el recurso de reposición interpuesto por Armando de Castro Razola contra la sanción de 100.000 euros que le impuso el propio consistorio el 20 de febrero de 2026, en el marco del expediente sancionador 2024/904, por la organización de una fiesta ilegal en una vivienda situada en Venda de Ses Clotades 6133, con título habilitante de estancia turística.
Según el expediente, los hechos se remontan a actuaciones policiales desarrolladas los días 29, 30 y 31 de julio de 2023, documentadas en un informe de la Policía Local de Formentera. Es decir, hace poco más de tres años atrás.
El expediente recoge, entre otros elementos, la planificación logística de accesos, un sistema de transporte organizado para los asistentes, control de entrada, previsión de personal de seguridad, comunicaciones dirigidas a los participantes y referencias a pagos de 50 euros por asistente.
También constan dos denuncias por ruido, registradas los días 30 y 31 de julio de 2023, y un comunicado posterior de cancelación del evento que mencionaba gastos no recuperables en personal, equipos y comida.
La fiesta no llegó a celebrarse, pero la multa se mantiene
El recurrente alegó, entre otros motivos, que la fiesta finalmente no llegó a celebrarse y que no existió ánimo de lucro.
El informe jurídico del Consell señaló que el artículo 104.r) de la Ley 7/2013 balear tipifica como infracción muy grave la organización, comercialización, publicidad o celebración de fiestas ilegales en viviendas, como conductas autónomas entre sí, por lo que la eventual cancelación del evento no excluye la responsabilidad por su organización.
La Junta de Govern desestimó íntegramente el recurso y confirmó la sanción de 100.000 euros, aunque estimó la suspensión de su ejecutividad en los mismos términos aplicados a otros expedientes de la sesión, a la espera de una posible vía contencioso-administrativa.
