La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), junto con las patronales hoteleras de Mallorca (FEHM) y Menorca (ASHOME), ha planteado al Govern balear una fórmula para reforzar el control sobre las viviendas de alquiler de corta duración: aprovechar el Registro de la Propiedad para comprobar la situación jurídica de cada inmueble, pero sin volver a crear un registro paralelo como el sistema estatal anulado parcialmente por el Tribunal Supremo.
La propuesta, presentada este 31 de agosto, trata de encontrar una salida a un problema sobre el que Ibiza lleva meses poniendo el foco. Como ya publicó La Voz de Ibiza al informar del fallo del Supremo, el Consell había denunciado que el modelo impulsado por el Estado duplicaba trámites para viviendas legales y, al mismo tiempo, podía convertirse en un «coladero» para alquileres de temporada utilizados en realidad como alojamientos turísticos.
Lo que plantean ahora las patronales no es recuperar aquel sistema tal y como estaba. Su propuesta consiste en trasladar a la normativa balear una de las comprobaciones que se realizaban durante aquel procedimiento: utilizar la información del Registro de la Propiedad para verificar, antes de comercializar turísticamente una vivienda, que el inmueble y quien pretende alquilarlo cumplen determinados requisitos legales.
Mismo inmueble, misma identificación
FEHIF, FEHM y ASHOME quieren que cada vivienda destinada a alquileres de corta duración pueda identificarse de manera fiable y única, independientemente de que en un momento determinado se alquile por vacaciones, por motivos laborales, por estudios o por razones sanitarias.
Esto no supone convertir todos los alquileres temporales en alquileres turísticos. Lo que persiguen las patronales es que Turismo y Vivienda puedan saber que están mirando el mismo inmueble y cruzar mejor la información, evitando que una vivienda aparezca de una manera ante una administración y bajo otra modalidad ante otra.
Ese punto conecta directamente con uno de los problemas detectados en Ibiza. La Voz de Ibiza explicó en mayo que el alquiler de temporada se había convertido en una de las zonas más difíciles de vigilar: una estancia temporal puede ser perfectamente legal, pero el problema aparece cuando esa fórmula se utiliza para encubrir una actividad que en la práctica funciona como alquiler vacacional y debería someterse a la normativa turística.
«No planteamos una herramienta para saber únicamente cuántas viviendas turísticas hay. Planteamos un sistema que permita identificar de forma fiable, en cada momento, las viviendas destinadas al alquiler de corta duración, contribuir a que esta actividad se desarrolle respetando la legalidad y evitar que la información sobre una misma vivienda se fragmente en función del uso temporal al que se destine», explican las tres patronales.
Qué comprobaría Registro de Propiedad
La propuesta concreta pasa por modificar el artículo 50 de la Ley 8/2012 de Turismo de Baleares. Antes de iniciar la comercialización turística de una vivienda, el Registro de la Propiedad podría certificar varios extremos que la legislación ya obliga a cumplir, según explican las organizaciones empresariales.
Entre ellos figuran la correcta identificación de la vivienda, la legitimación de quien pretende comercializarla, la inexistencia de determinadas prohibiciones recogidas en los estatutos de la comunidad y que el inmueble no esté sometido a un régimen de protección pública incompatible con la actividad turística.
Las patronales insisten en que no pretenden añadir nuevas condiciones para acceder al mercado turístico, sino hacer más sencilla la comprobación de requisitos que ya existen. Durante la aplicación del sistema estatal, sostienen, estas verificaciones permitieron detectar viviendas cuya titularidad o legitimación no estaba correctamente acreditada, inmuebles afectados por prohibiciones estatutarias, viviendas protegidas incompatibles con el uso pretendido y errores en su identificación registral.
En términos prácticos, el Registro de la Propiedad funcionaría así como un primer filtro documental, mientras la administración turística seguiría siendo la responsable de aplicar sus propias competencias de ordenación, inspección y control.
Supremo tumbó estructura estatal
La propuesta llega después de la sentencia 620/2026, de 19 de mayo, del Tribunal Supremo, que anuló determinados artículos del procedimiento estatal creado para obtener el número de registro de los alquileres de corta duración al considerar que el Estado había excedido sus competencias.
El fallo no eliminó la obligación europea de mejorar el intercambio de información ni cuestionó que las viviendas puedan contar con mecanismos de identificación. Lo que determinó fue que, cuando esa inscripción se convierte en un requisito para desarrollar una actividad turística, la regulación corresponde a las comunidades autónomas.
Ahí es donde FEHIF, FEHM y ASHOME ven ahora margen para actuar. Baleares podría incorporar las comprobaciones registrales a su propia legislación turística y conectarlas con el número previsto por la normativa europea, mediante mecanismos de cooperación entre las administraciones y el Colegio de Registradores, sin levantar una estructura administrativa adicional.
Antes de que llegara el fallo judicial, el Consell de Ibiza había denunciado que el sistema estatal estaba provocando justamente el efecto contrario al pretendido. En marzo, la institución insular alertó de que viviendas turísticas legales estaban encontrando dificultades mientras determinados alquileres de temporada conseguían números que podían utilizarse para operar en plataformas.
Más de 300 viviendas legales afectadas en Ibiza
El conflicto tuvo consecuencias concretas para el sector pitiuso. El Registro de la Propiedad llegó a revocar 326 números asignados a viviendas de Ibiza y, según denunció el Consell, alrededor del 90% correspondían a propiedades legales inscritas en el registro turístico insular. Tras la sentencia, AVAT cifró en unas 300 las viviendas turísticas legales afectadas y comenzó a estudiar posibles reclamaciones contra el Estado por los perjuicios sufridos al quedar fuera de las principales plataformas.
Por eso, la propuesta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera y sus homólogas de Mallorca y Menorca intenta quedarse con lo que consideran útil de aquel procedimiento sin repetir su principal problema: la duplicidad administrativa.
Las patronales reclaman además que la cuestión no se aborde únicamente desde Turismo. Consideran que el sistema podría ofrecer información útil para conocer cómo se utiliza el parque residencial, por lo que piden que Turismo y Vivienda estudien conjuntamente su implantación.
«FEHM, FEHIF y ASHOME hemos solicitado al Govern que estudie conjuntamente la propuesta para analizar su aplicación práctica. Incidimos en que permite avanzar simultáneamente en seguridad jurídica, mejor conocimiento de la utilización del parque residencial, protección de la vivienda, control de la oferta ilegal y eficiencia administrativa, objetivos que deben formar parte de una misma respuesta ante los retos que afrontan las Islas Baleares», concluyen.
