La sentencia del Tribunal Supremo que anula el Registro Único de Arrendamientos de corta duración llega como un respaldo en toda regla a la posición que el Consell de Ibiza venía sosteniendo desde hacía meses: que el sistema estatal, lejos de reforzar la lucha contra el alquiler turístico ilegal, abría una grieta que ponía en riesgo el modelo de control insular. El fallo, dictado un día después de que venciera el plazo dado por la Comisión Europea a España para corregir las duplicidades del sistema, anula los preceptos del Real Decreto 1312/2024 que creaban el registro nacional al considerar que el Estado carece de competencias para imponer un sistema que se superpone al de las comunidades autónomas.
El PP de Eivissa ha pedido directamente la dimisión de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, afirmando que la sentencia evidencia «el fracaso de una norma que ha generado inseguridad jurídica y un grave perjuicio al sector turístico». Los detalles completos del fallo y su alcance jurídico pueden consultarse en esta pieza.
Lo que el Consell venía advirtiendo
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, había sido contundente en marzo, durante el debate en el pleno del Consell de la moción del PP que pedía la derogación del Real Decreto 1312/2024: «Se están dando registros a alquileres de temporada que en realidad se están explotando como turísticos y no tenemos herramientas para obligar a las plataformas a retirarlos. Es un coladero». El conseller insistió entonces en que «Europa plantea una ventanilla única para compartir datos; el Gobierno ha creado otro registro más, duplicando trámites y complicando la situación».
Esa advertencia se repitió en la Mesa contra el Intrusismo del pasado abril, donde Mariano Juan alertó de que «se está abriendo una escletxa que algunos operadores utilizan para esquivar la normativa turística». El diagnóstico no era solo institucional: la presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel, Alicia Reina, advirtió en estas mismas páginas que el registro estatal y la ventanilla única podían convertirse «en un coladero que acabe regularizando de facto oferta que no cumple con los requisitos». Y la propia Booking reconoció a este medio que uno de los principales retos del nuevo marco era precisamente «la complejidad de algunas tipologías de alojamiento, por ejemplo, el alquiler de temporada».
El daño concreto: más de 300 viviendas legales penalizadas
El registro estatal no era solo una preocupación teórica. El Consell denunció el pasado octubre que el Registro de la Propiedad había revocado 326 números de registro únicos a viviendas de Ibiza, de los cuales alrededor del 90% correspondían a propiedades plenamente legales, inscritas en el registro insular de actividades turísticas. La institución insular trasladó esa preocupación por escrito al Ministerio de Vivienda y respaldó la Declaración de Sevilla, suscrita por las comunidades autónomas turísticas, que exigía la revisión inmediata del sistema.
A esa carta institucional se sumó la moción aprobada en el pleno del Consell en marzo, que instaba formalmente a la derogación del Real Decreto 1312/2024 por sus efectos sobre la isla: inseguridad jurídica, cargas desproporcionadas y un perjuicio directo a propietarios que cumplían escrupulosamente la normativa insular mientras la oferta auténticamente ilegal seguía operando por otras vías.
El modelo Ibiza queda intacto
Lo que el Supremo deja en pie es, en la práctica, el modelo que el Consell venía aplicando al margen del registro estatal. La inscripción de viviendas turísticas en Ibiza seguirá rigiéndose por el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos y por la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears, con su bolsa de plazas cerrada, la prohibición de alquiler turístico en plurifamiliares y un régimen sancionador que llega hasta los 400.000 euros.
Ese sistema, basado en colaboración con plataformas digitales desde 2020 —cuando se firmó el primer acuerdo con Airbnb—, monitorización continua mediante data scraping y una Mesa contra el Intrusismo con participación de Airbnb, Booking, Holidu y Vrbo, ha permitido al Consell exhibir cifras inéditas en España: una caída del 38,77% en los anuncios de alquiler turístico detectados por el INE en un año, 700 anuncios retirados solo en lo que va de 2026 y una reducción del 70,5% de plazas de viviendas turísticas entre febrero de 2025 y febrero de 2026 según Exceltur. Esta misma semana, el director insular de Turismo, Vicente Gómez Bastida, definía la situación como un caso «que no está ocurriendo en ninguna otra parte del territorio nacional».
El PP de Ibiza pide la dimisión de la secretaria de Estado
La reacción política no se hizo esperar. El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP de Eivissa, Jacobo Varela, ha solicitado la dimisión de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, al considerar que la sentencia «evidencia el fracaso de una norma que ha generado inseguridad jurídica y un grave perjuicio al sector turístico». Varela ha recordado que el Consell d’Eivissa trasladó formalmente sus preocupaciones al Ministerio de Vivienda mediante diversas cartas institucionales, alertando de la duplicidad de registros, de la inseguridad jurídica generada, de la revocación de números de registro a viviendas plenamente legales y del «surgimiento de nuevas vías de fraude vinculadas al alquiler de temporada».
El popular ha sido especialmente crítico con la actuación de la secretaria de Estado, a la que acusa de haberse «desentendido del problema desde el primer momento, actuando con soberbia y sin escuchar a quienes realmente están trabajando en la ordenación turística y del territorio». Varela ha enumerado las advertencias ignoradas por el Ministerio: las de las comunidades autónomas que recurrieron el decreto —Comunitat Valenciana, Andalucía, Canarias y Región de Murcia—, las del propio Govern balear, las del Consejo de Estado durante la tramitación y las de la Comisión Europea, que en una respuesta oficial del pasado 27 de abril confirmó haber trasladado al Gobierno «en varias ocasiones» sus dudas sobre el modelo español y advirtió que evaluaría plenamente su compatibilidad a partir del 20 de mayo, plazo que se cumplió un día antes de la sentencia del Supremo.
En la misma línea, el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, celebró el fallo en su perfil de X: «Crónica de una anulación anunciada y que veníamos denunciando desde hace tiempo. Querer centralizar competencias que son autonómicas solo genera inseguridad, burocracia y fracasos. El Supremo pone las cosas en su sitio».
Qué se abre ahora
El Reglamento UE 2024/1028 sigue obligando a España a articular un sistema de intercambio de datos con las plataformas, y el Supremo confirma que la ventanilla única digital y la transmisión de información son competencia estatal legítima. Lo que cae es la pretensión de unificar la inscripción de viviendas en un registro nacional paralelo a los autonómicos.
Para Ibiza, el efecto inmediato es doble: por un lado, desaparece la obligación de pasar por un segundo registro que estaba retirando de las plataformas a viviendas legales; por otro, queda confirmado que el modelo de control insular —con su Mesa contra el Intrusismo, sus protocolos con plataformas y su capacidad de bloqueo de anuncios en cuestión de horas— no solo era suficiente, sino que era el que estaba funcionando. La grieta del alquiler de temporada, en cualquier caso, sigue abierta y exigirá ahora una respuesta autonómica que ya no podrá apoyarse en el andamiaje estatal.
