El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó este jueves el informe jurídico que reconoce al bloque A de los apartamentos Don Pepe la misma presunción de legalidad que tiene el bloque B, un paso más en la solución del conflicto que comenzó hace seis años. El acuerdo no otorga una licencia de obras, pero es, según el alcalde Vicent Roig, el paso jurídico imprescindible para poder autorizar la rehabilitación del edificio, desalojado en 2020, sin tener que recurrir a su demolición.
Roig explicó ante el pleno que ambos bloques se construyeron a la vez y que, según un informe jurídico externo existen pruebas de 1964 —«escrituras notariales, autorizaciones militares o justificantes de pago»— de que el bloque A tramitó y pagó su licencia igual que el B, aunque ese documento se habría «extraviado en los archivos de aquella época».
«No tiene ninguna lógica que el edificio B tuviese licencia y el A no», defendió el alcalde, para quien «el objetivo real del acuerdo de hoy es equiparar la situación del bloque A con la del bloque B».
La presunción de legalidad, la pieza clave
Esa equiparación es, según Roig, la llave que abre la puerta a una vía legal que hasta ahora no existía. El alcalde explicó que la reciente reforma de la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, impulsada por el Govern de Marga Prohens, modificó el artículo 129.2 para permitir «expresamente» que se autoricen obras y reparaciones por motivos de seguridad estructural, accesibilidad o salubridad en edificios que, como el bloque B, cuentan con esa presunción de legalidad.
Al reconocer ahora que el bloque A está en la misma situación, ese artículo queda también a su disposición, y con él la posibilidad de encarar la rehabilitación que el informe técnico visado desde diciembre considera «técnica y constructivamente» viable.
Roig subrayó además que este paso refuerza su facultad como alcalde para seguir adelante con la formalización de la transacción judicial pactada con los propietarios, que permitirá a los vecinos solicitar la licencia de obras de rehabilitación una vez avalada por un juez, y que deberá volver a pasar por el pleno antes de su firma.
Seis años de bloqueo desde el desalojo
La situación de Don Pepe arrastra más de seis años de conflicto. El bloque A fue desalojado en 2020 y declarado en ruina en 2021, una decisión que —según defendió la portavoz socialista Pilar Ribas— se adoptó «única y exclusivamente para preservar la seguridad de las personas que vivían allí», a partir de los informes técnicos y jurídicos disponibles en aquel momento.
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, el pasado diciembre el pleno extraordinario había autorizado ya, por unanimidad, a Roig a negociar una transacción jurídica con la propiedad para desbloquear el conflicto, después de que un informe técnico independiente concluyera que el edificio era «técnica y constructivamente rehabilitable» con una inversión estimada de 3,7 millones de euros, unos 70.000 euros por apartamento.
El PSOE: «No nos traen nada nuevo»
La portavoz socialista, Pilar Ribas, rechazó que el acuerdo suponga un avance real. «No nos traen nada nuevo, señor Roig. Nos traen tres años después la conclusión a la que ya se había llegado en 2020», señaló, recordando que la presunción de legalidad del bloque A ya se había explorado en el mandato anterior sin que apareciera ningún documento que la sostuviera en los archivos municipales.
Ribas insistió en que la propuesta «ni siquiera se sostiene sobre sus propios argumentos»: «Esto no es una licencia. Ustedes mismos lo admiten y dicen que hoy es imposible otorgarla. Es una figura nueva, inventada para la ocasión, y ni los propios servicios jurídicos de este Ayuntamiento ponen la mano en el fuego por ella».
La concejala subrayó que el acuerdo «no afectará de ninguna manera inmediata a los vecinos», que al día siguiente seguirían pagando alquileres, y recordó que para poder acometer obras aún haría falta un nuevo informe de evaluación del edificio y autorizaciones sectoriales de Costas, Red Natura 2000 y el Parque Natural. Apuntó además que el acuerdo no resuelve la situación de la quinta planta y los bajos, «una de las causas que motivaron la declaración de ruina en 2021».
El PSOE fue más allá al sostener que la reforma del artículo 129.2.b de la LUIB, en vigor desde diciembre de 2024, «ya permitía estas obras aunque el bloque A nunca hubiese tenido licencia», por lo que, a su juicio, «no hacía falta todo este montaje jurídico de 17 páginas». Ribas planteó que la finalidad del acuerdo sería más bien que Roig «pueda lavarse las manos ante los contenciosos abiertos», a ocho meses de las elecciones municipales.
La portavoz socialista criticó también que el Ayuntamiento renovara las ayudas al alquiler para los afectados con «más restricciones» y «más requisitos económicos» que en el mandato anterior, lo que —según denunció— ha dejado fuera a parte de los vecinos. Pese a las críticas, Ribas reiteró que su grupo «nunca votará en contra de explorar ninguna vía» que permita a las familias regresar a sus casas, aunque reclamó «hechos concretos y contrastados» frente a lo que considera «una falsa esperanza».
«¿Por qué no votan en contra?»
Tras una serie de críticas de la oposición, Roig cuestionó: «Si tienen tantas dudas, ¿por qué no votan en contra?». Con la abstención de los grupos opositores, la propuesta quedó finalmente aprobada.
