El acuerdo aprobado esta semana por el pleno de Sant Josep para equiparar jurídicamente los bloques A y B de los apartamentos Don Pepe reabre la pregunta sobre cómo se financiarán, en la práctica, las obras que permitirían a las familias desalojadas regresar a sus viviendas.
Tal como publicó La Voz de Ibiza, el coste de esa rehabilitación ya está cuantificado desde diciembre pasado: 3.710.123,31 euros, según el informe técnico independiente elaborado por Planells Arquitectura Técnica.
Un edificio «rehabilitable mediante medios normales»
El informe, redactado tras una inspección presencial realizada el 5 de diciembre de 2025 y un análisis comparado de la evolución de las patologías del edificio entre 2020 y 2025, concluyó que en el bloque A «no existe riesgo de colapso global», pese a presentar «patologías estructurales graves»: procesos avanzados de corrosión de armaduras, pérdida de recubrimientos y desprendimientos frágiles, degradación de forjados y terrazas, y humedades persistentes.
Esas lesiones, señala el documento, «comprometen la seguridad local en determinados elementos estructurales» y hacen «inviable, en su estado actual, el uso residencial del edificio».
Sin embargo, los técnicos constataron que «no se observan deformaciones globales ni existen movimientos apreciables de pilares o muros», lo que descarta un daño irreversible en la estructura y abre el paso a revertir la declaración de ruina.
La conclusión central del informe es que «el edificio puede ser rehabilitado mediante medios normales», sin recurrir a «técnicas extraordinarias, ajenas al mercado o incompatibles con la práctica habitual en obras de rehabilitación de hormigón armado».
«La rehabilitación del Bloque A es técnica, económica y constructivamente viable, y tras ella, el edificio puede ser restituido a condiciones adecuadas de estabilidad y habitabilidad», señalan los técnicos firmantes.
El respaldo jurídico: la presunción de legalidad
Ese informe técnico fue acompañado por un dictamen jurídico que sostiene que la ausencia del documento de licencia del bloque A no equivale a que el edificio se construyera sin autorización.
El informe se apoya en la tramitación del expediente de 1964, cuando se presentaron simultáneamente dos solicitudes de licencia —una para cada bloque— para dos edificios de 36 apartamentos, con proyectos técnicamente idénticos.
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Aunque en el expediente solo consta físicamente la licencia otorgada al bloque B, el dictamen recuerda que el Libro de Registro de Licencias de 1960 a 1967 está extraviado, por lo que no puede descartarse que el bloque A tuviera una licencia hoy perdida.
El informe recopila una serie de actuaciones administrativas posteriores —entre ellas, una autorización de la Capitanía General en 1964 para construir «dos edificios iguales», y una escritura de obra nueva de 1965 que menciona expresamente «las correspondientes autorizaciones administrativas» para ambos bloques— que, a su juicio, «solo se explican» si tanto el promotor como la administración actuaron convencidos de que los dos bloques estaban amparados legalmente.
Sobre esa base de «presunción de legalidad» se ha sustentado la equiparación entre ambos edificios aprobada esta semana en el pleno.
La financiación, la pieza que falta
Con el edificio declarado técnicamente rehabilitable y su presunta legalidad reconocida por el Ayuntamiento, el foco se traslada ahora a una cuestión que sigue sin resolverse: quién pagará la factura de 3,7 millones de euros.
Consultada por La Voz de Ibiza sobre el estado de la financiación, la portavoz de los vecinos, Silvia Hernández, reconoció que se trata de un asunto todavía abierto.
«Todo eso son cositas, flecos, que hay que matizar en los próximos pasos que se den», señaló, sin dar detalles ni plazos concretos sobre cómo se repartirá el coste entre las administraciones y los propietarios.
Hernández indicó que, en paralelo a la negociación de los términos jurídicos, los vecinos ya trabajan con un despacho de arquitectura en el proyecto de obra definitivo, del que podría salir una cifra distinta a la estimada por el informe independiente.
«Tenemos ya un proyecto que se va trabajando. Pero de momento no podemos hablar de plazos ni presupuestos porque son cosas que todavía están puliéndose», aclara.
La cuestión económica formará parte del documento de negociación que deben consensuar los vecinos, el Govern, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep antes de presentarlo ante el juzgado. Y reiteró: «No podemos hablar de valoraciones, es algo que debemos ir resolviendo en los próximos pasos».
Solo después de que un juez avale ese acuerdo, los propietarios podrán solicitar la licencia de obras y el Ayuntamiento tramitar los informes sectoriales necesarios para, finalmente, poder «poner la primera piedra».
