La Fiscalía del Área de Ibiza ha solicitado cinco años de prisión y una multa de 31.000 euros para un hombre de nacionalidad colombiana acusado de convertir su vivienda en la capital ibicenca en un narcopiso dedicado a la elaboración, el empaquetado y la venta de tusi, la droga sintética conocida como cocaína rosa. El acusado se sentará ahora en el banquillo de la Audiencia Provincial.
Un registro con orden judicial
El caso se remonta al 28 de septiembre de 2022, cuando agentes de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional entraron en la vivienda del sospechoso con un mandamiento judicial de entrada y registro, según informó OKDiario.
Dentro del piso, los investigadores encontraron todo el instrumental propio de un laboratorio casero de droga: básculas de precisión, bolsas de autocierre para dosis individuales y una cantidad de dinero en efectivo que, según la investigación, procedía de ventas anteriores.
Más de 300 gramos de MDMA intervenidos
El hallazgo más relevante del registro fueron los más de 300 gramos de MDMA localizados en la vivienda, repartidos entre comprimidos y polvo rosa de una pureza elevada. Los agentes también intervinieron mezclas de ketamina y MDMA ya preparadas para su distribución, un cóctel de alto poder adictivo cada vez más habitual en el mercado de las drogas de diseño en la isla.
El alijo valía más de 15.000 euros
Según los cálculos de la investigación, el conjunto de la sustancia incautada tendría un valor superior a los 15.471 euros en el mercado ilegal. La Fiscalía sostiene que el acusado había convertido su domicilio en un punto de producción y distribución estable, no en un simple lugar de consumo.
Por estos hechos, el escrito de acusación le atribuye un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño.
La petición fiscal para el juicio
De cara a la vista oral, el Ministerio Público reclama cinco años de cárcel, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de 31.000 euros de multa, con 90 días de privación de libertad subsidiaria en caso de impago. La Fiscalía pide además la destrucción de todo el material intervenido.
