Más de 1.000 millones de euros de inversión en los aeropuertos de Baleares podrían parecer, sobre el papel, una noticia difícil de cuestionar. Sin embargo, la aprobación por el Gobierno de Pedro Sánchez del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 ha provocado una fuerte reacción política y social en las Islas.
El Consejo de Ministros aprobó el documento el pasado 15 de septiembre. El plan contempla para el conjunto de la red de Aena cerca de 13.000 millones de euros, de los que 9.991 millones corresponden a inversión regulada directamente vinculada a la actividad aeronáutica. Para Baleares, el Gobierno confirma una inversión superior a los 1.000 millones de euros.
De acuerdo con las cifras aportadas, los cuatro aeropuertos baleares recibirán alrededor de 1.030 millones de euros entre 2027 y 2031. Palma concentrará 621,6 millones; Ibiza, 229,7 millones; Menorca, 170,7 millones, y Son Bonet otros 7,9 millones.
El conflicto no gira únicamente alrededor de cuánto dinero se invertirá, sino de qué supondrán esas actuaciones para la capacidad futura de los aeropuertos. Una parte del arco político balear y los colectivos contrarios al crecimiento turístico temen que las obras de modernización, adecuación y ampliación de las terminales permitan incrementar su operatividad y, con ello, el número de pasajeros que pueden recibir las Islas.
El DORA III sitúa el debate en los 50 millones de pasajeros
El nuevo escenario inversor llega acompañado de previsiones de tráfico que sitúan el conjunto de los aeropuertos baleares cerca de los 50 millones de pasajeros en 2031. Solo el aeropuerto de Palma alcanzaría alrededor de 35,7 millones de viajeros.
La cifra se ha convertido en uno de los principales argumentos utilizados por la presidenta del Govern, Marga Prohens, para cuestionar la estrategia aeroportuaria. «Esta cifra espanta», aseguró tras conocerse el documento. El Govern reclama que Baleares tenga capacidad para participar en las decisiones relacionadas con unas infraestructuras que considera determinantes para el modelo económico, territorial y demográfico del archipiélago.
Su posición distingue entre las inversiones destinadas a mejorar los aeropuertos y aquellas actuaciones que puedan traducirse en una mayor capacidad. Prohens ha insistido este martes en que invertir en seguridad, servicios e instalaciones no tiene por qué implicar necesariamente incrementar el número de pasajeros.
El PP balear lleva la batalla por los aeropuertos a Madrid
El PP de Baleares ha trasladado el conflicto al ámbito estatal. Sus diputados y senadores han reclamado la comparecencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ante la Comisión Mixta sobre Insularidad. La intención es que explique los proyectos y las inversiones previstas para Palma, Ibiza y Menorca, además de abordar la planificación recogida en el DORA y la relación que mantiene Aena con las administraciones autonómicas e insulares.
Los populares consideran insuficiente el diálogo con el Govern, los Consells y los ayuntamientos. «Aena no puede decidir unilateralmente cuánto deben crecer nuestros aeropuertos y la presión que deben soportar las islas», sostiene el PP balear. El debate sirve también al Govern para reforzar su reclamación de una mayor participación autonómica en la gestión aeroportuaria.
El PSOE de Baleares también carga contra los planes de Aena
La controversia presenta una particularidad política: el rechazo a determinadas actuaciones alcanza también al PSOE de Baleares, pese a que el DORA III ha sido aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha endurecido sus críticas contra el gestor aeroportuario.
Negueruela considera que las ampliaciones planteadas en las Islas «no son de recibo» y también ha cuestionado el modelo comercial de las terminales. Según el dirigente socialista, los aeropuertos están siendo convertidos en un «mercadillo», mientras el servicio ofrecido «dista mucho de ser profesional».
El PSIB sostiene, no obstante, que las previsiones de tráfico planteadas por Aena no significan automáticamente que ese crecimiento vaya a producirse, ya que también dependerá de la evolución de la demanda y de la oferta turística disponible en las Islas.
Negueruela ha contrapuesto además este debate con las políticas turísticas del Govern y ha acusado a Prohens de defender medidas que, según los socialistas, también podrían contribuir al incremento de pasajeros, como la reducción de determinadas tasas aeroportuarias.
Ibiza concentra parte del rechazo al aumento de capacidad
La posición socialista contra un incremento de la capacidad se ha hecho especialmente visible en Ibiza. La Federación Socialista de la isla ha rechazado cualquier actuación que permita incrementar la capacidad operativa de la terminal. Su planteamiento pasa por realizar las inversiones necesarias para disponer de un aeropuerto «seguro, accesible y eficiente», pero sin que esas mejoras terminen aumentando la presión turística.
La situación abre un enfrentamiento entre los socialistas de Baleares y una planificación aeroportuaria aprobada por el Gobierno central del PSOE. El PP ha utilizado esa diferencia para acusar al PSIB de mantener en Baleares un discurso diferente de las decisiones que finalmente se adoptan desde Madrid.
Las protestas contra la ampliación llegan a las calles
La contestación al DORA III no se limita al ámbito institucional. El pasado domingo, alrededor de 500 personas se manifestaron en Palma contra los planes aeroportuarios y las políticas de promoción turística.
La movilización se celebró bajo el lema «Ni más ampliación, ni más promoción». Comenzó ante la Delegación del Gobierno y finalizó frente al Consolat de Mar, con críticas dirigidas tanto al Ejecutivo central como a la política turística del Govern.
En Ibiza, la protesta alcanzó una dimensión mucho mayor. Las estimaciones de asistencia oscilan, dependiendo de las fuentes, entre unas 2.300 y alrededor de 5.000 personas, convirtiéndola en una de las movilizaciones recientes más numerosas de la isla. Los convocantes relacionaron directamente la ampliación aeroportuaria con la capacidad de Ibiza para seguir soportando más presión turística y demográfica y un mayor impacto sobre recursos como el agua y la vivienda.
Palma e Ibiza llegan al debate tras batir récords
La controversia coincide con sucesivos máximos de tráfico en los aeropuertos baleares. Son Sant Joan cerró 2025 con 33.806.427 pasajeros, un 1,5% más que el año anterior, y registró 246.486 operaciones, un aumento del 1,4%. Cerca de 24,8 millones de pasajeros utilizaron conexiones internacionales, mientras que aproximadamente nueve millones viajaron en rutas nacionales. Ibiza también superó por primera vez los 9,1 millones de pasajeros, un 0,7% más, y contabilizó 85.086 operaciones durante 2025.
Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet figuraron entre los aeropuertos de la red de Aena que alcanzaron máximos históricos de pasajeros durante el pasado ejercicio. Ese escenario explica parte de la sensibilidad existente en Baleares ante cualquier obra que pueda interpretarse como un nuevo paso hacia el crecimiento de la capacidad aeroportuaria.
La inversión de 1.030 millones reactiva la batalla por la cogestión
El enfrentamiento ha devuelto al centro del debate otra reclamación histórica: la cogestión aeroportuaria. Para el Govern y distintas fuerzas políticas, la cuestión ya no pasa únicamente por determinar cuánto dinero debe invertirse en los aeropuertos, sino por decidir quién debe participar en las decisiones sobre su futuro.
Las infraestructuras aeroportuarias constituyen la principal puerta de entrada al archipiélago y cualquier modificación de su capacidad queda inevitablemente vinculada al debate sobre el modelo turístico de las Islas. La controversia deja así una situación poco habitual: una inversión superior a los 1.000 millones de euros encuentra una fuerte resistencia precisamente en el territorio que debe recibirla.
El Gobierno central presenta el DORA III como una inversión destinada a modernizar la red, mejorar infraestructuras y servicios y responder a las necesidades futuras. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que el objetivo no consiste únicamente en atender a más viajeros, sino en prestarles un mejor servicio. En Baleares, sin embargo, la discusión se concentra en si esas mejoras acabarán proporcionando capacidad para asumir más tráfico.
La cuestión que atraviesa el debate político y social no es, por tanto, si los aeropuertos de Palma, Ibiza o Menorca necesitan inversiones. El conflicto está en determinar si modernizarlos supone también prepararlos para recibir más aviones, más pasajeros y, en última instancia, más turistas.
Con 1.030 millones de euros previstos para el archipiélago y unas estimaciones de tráfico que se aproximan a los 50 millones de pasajeros, el DORA III ha terminado convirtiendo una inversión aeroportuaria en un nuevo capítulo del gran debate que atraviesa Baleares: cuánto puede seguir creciendo y quién debe decidir sus límites.
