La presidenta del Govern, Marga Prohens, reiteró en Ibiza que Baleares no aplica la ley relativa a zonas tensionadas porque se ha demostrado que no funciona, «sino que agrava el problema».
En declaraciones a los medios, durante el acto de colocación de la primera piedra de las viviendas protegidas de Can Cantó, Prohens se preguntó si algún político rechazaría aplicar una norma que ayudara a resolver un problema tan grave como la crisis residencial.
«Es absurdo», afirmó, reiterando que, de haber funcionado, la hubiera aplicado.
Como ejemplo, citó el caso de Cataluña, donde la norma está en vigor y la comunidad se ha convertido en una «campeona en desahucios», con más de 900 solo en tres meses. Señaló también que, tras su aplicación, hay menos oferta de viviendas para alquilar y que las retiradas del mercado han sido precisamente las más accesibles, lo que ha encarecido los pocos pisos que quedan.
«¿Cómo, desde mi responsabilidad y mi Govern, vamos a aplicar una ley que castiga especialmente a aquellos que están buscando una vivienda?», insistió.
Dos decretos «que se contradicen entre sí, algo nunca visto»
Prohens afirmó que seguirá apostando por la construcción de vivienda pública y por priorizar a los residentes en el acceso a ella. Recordó también que en la actualidad existen dos decretos «que se contradicen entre sí, algo nunca visto».
La presidenta subrayó que en Baleares el 96% de los propietarios de viviendas son familias y pequeños propietarios. Por ello, la decisión de obligarles a indemnizar al inquilino en caso de no renovar el contrato ha tenido un efecto «pernicioso inmediato», tal como ya auguró: una gran cantidad de alquileres retirados del mercado en las últimas horas.
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«Hoy, quien está buscando un alquiler asequible en Baleares lo tiene más complicado que la pasada semana», insistió.
La solución: más oferta
Prohens situó el problema en un desequilibrio entre oferta y demanda y defendió que poner más viviendas en el mercado es la única solución real.
Responsabilizar a los propietarios de la vulnerabilidad de los inquilinos, argumentó, produce el efecto contrario: menos oferta. «Debe darse seguridad al propietario», concluyó.
