El adelanto electoral al 29 de noviembre y la consiguiente disolución de las Cortes Generales no solo frenan la agenda social del Gobierno. También dejan caer una batería de normas económicas, laborales e industriales en plena tramitación, varias de ellas con efecto directo sobre el tejido empresarial de Ibiza, muy expuesto a los cambios de marco en plena dependencia de la temporada.
El mecanismo es automático. El artículo 207 del Reglamento del Congreso establece que, disuelta la Cámara, caducan todos los asuntos pendientes de examen y resolución. En la práctica, cerca de un centenar de iniciativas quedan en vía muerta y tendrán que reiniciarse desde cero cuando se constituyan las nuevas Cortes.
Caen las normas laborales
El golpe más transversal para la empresa isleña es el laboral. Decae el Estatuto del Becario, la norma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz para regular las prácticas formativas, y también la reforma que preveía jubilaciones anticipadas sin penalización para trabajadores con más de 40 años cotizados. Ambas se quedan en el Congreso sin posibilidad de aprobarse en esta legislatura.
Con todo, la disolución no paraliza por completo al Ejecutivo. Las iniciativas con rango de ley caducan, pero las de rango reglamentario pueden seguir su curso: un Gobierno en funciones aún puede aprobar determinadas normas por Real Decreto. Es el caso de la reforma del registro horario, que no requiere convalidación parlamentaria y que el Gobierno pretende sacar adelante antes de los comicios. Para los bares, restaurantes y hoteles de la isla, el matiz no es menor: el control horario obligatorio podría llegar igualmente, pese al parón electoral.
El antitabaco, también al cajón
La hostelería y el ocio nocturno isleños se libran, al menos de momento, de otra vuelta de tuerca. También decae la reforma de la ley antitabaco, el proyecto que modificaba la Ley 28/2005 de medidas frente al tabaquismo y que el Consejo de Ministros había aprobado el 21 de julio para remitirlo a las Cortes.
El texto ampliaba los espacios sin humo a las terrazas de bares y restaurantes, las playas, las piscinas de uso colectivo y los recintos de espectáculos al aire libre, y equiparaba los vapeadores al tabaco tradicional. Es una medida que en Ibiza ya había dividido a las empresas del sector y que el ocio nocturno tachó de desproporcionada e ineficaz precisamente por su efecto en las terrazas, buena parte de los espacios donde la norma pretendía prohibir fumar. Con la disolución, la reforma queda aparcada y tendría que reiniciarse en la próxima legislatura; hasta entonces, el marco vigente sigue siendo el de 2005.
Industria e IA vuelven a empezar
En el plano industrial decae la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que estaba en el Congreso desde diciembre de 2024 en fase de enmiendas. Esta ley aspiraba a sustituir la norma vigente, de 1992, y a dotar al Estado de instrumentos para proteger sectores considerados estratégicos y reducir la dependencia exterior en suministros críticos; su efecto directo sobre Ibiza es limitado —la economía insular es de servicios y apenas tiene industria—, pero su caída ilustra el frenazo general de la agenda de modernización económica del Ejecutivo.
Lo mismo ocurre con el proyecto de ley de gobernanza de la inteligencia artificial, que tendrá que reiniciar su tramitación. El proyecto era la pieza que debía aterrizar en España el Reglamento europeo de inteligencia artificial: definía la supervisión nacional y el régimen sancionador. Mientras no exista, las empresas isleñas que ya usan estas herramientas —desde plataformas turísticas hasta proyectos de administración digital— seguirán obligadas por la norma europea, de aplicación directa, pero sin el marco español que concreta cómo se vigila y se sanciona su incumplimiento.
Un año más sin presupuestos
Para las empresas, la consecuencia más tangible es que no habrá presupuestos nuevos. La legislatura termina sin ningún Presupuesto General del Estado aprobado, lo que aboca a una prórroga de las cuentas vigentes y deja sin margen los PGE de 2027. En la práctica, eso congela cualquier novedad fiscal, nueva deducción o línea de ayuda estatal, y deja la inversión del Estado comprometida con la isla —del aeropuerto a las carreteras o el litoral— operando sobre cifras prorrogadas, sin partidas nuevas. A ello se suma que decae la condonación de parte de la deuda del FLA pactada con ERC y que no arranca la reforma de la financiación autonómica, dos palancas que condicionan la capacidad de gasto del Consell y del Govern y, con ella, la contratación pública de la que vive buena parte del tejido empresarial local.
Lo que ya es ley
El contraste lo ofrece el aeropuerto. Por apenas tres semanas, el DORA III —el marco de inversión de Aena para 2027-2031— se libró de la quema: el Consejo de Ministros lo aprobó el 15 de septiembre y está publicado en el BOE. Bajo ese paraguas viaja el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza, valorado en 229,7 millones de euros, de modo que su financiación queda al abrigo del vaivén electoral.
¿Puede el adelanto frenar algún tramo del plan? Es poco probable. Aena es una sociedad mercantil de mayoría pública, no un órgano del Gobierno, por lo que sus inversiones y licitaciones —como el controvertido pliego DIN-77/2026— no se paralizan porque el Ejecutivo esté en funciones: la compañía sigue contratando con normalidad. Lo que sí depende de la Administración central, y no de Aena, son los hitos que requieren un acto del Gobierno o de un ministerio, señaladamente la tramitación ambiental. Ese es el flanco a vigilar: si algún trámite de evaluación ambiental del proyecto —sobre el que pesan la denuncia de GEN-GOB y el rechazo vecinal de Ca’n Frígoles, Can Palleu y sa Caleta— quedara pendiente de una resolución estatal, el periodo de Gobierno en funciones podría ralentizarlo.
