ADELANTO ELECTORAL

CCOO y UGT convocan una huelga general de 24 horas este otoño por la vivienda y los salarios dignos

Los sindicatos dan el paso tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda y coordinan la fecha con el Sindicato de Inquilinas y asociaciones vecinales. La convocatoria deberá ser ratificada por los órganos máximos de dirección de ambas organizaciones.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo

CCOO y UGT acordaron este lunes convocar una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna. La medida deberá ser ratificada por los órganos máximos de dirección de ambas organizaciones, según anunciaron en un comunicado conjunto.

Los sindicatos dan el paso tras el rechazo del Congreso de los Diputados el pasado viernes a los reales decretos-ley sobre vivienda. Ante esa situación, han decidido incorporar las reivindicaciones del ámbito laboral a las movilizaciones sociales, en confluencia con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales. La fecha definitiva se perfilará de forma conjunta con estas plataformas y con el Sindicato de Inquilinas.

«Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen», argumentaron.

Subidas salariales del 4% al 7% y un parque público de vivienda

Los sindicatos enmarcan la protesta en sus demandas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde plantean subidas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión, y en su «Decálogo por el derecho a la vivienda», que exige un pacto social, la limitación de alquileres, la creación de un parque público de vivienda protegida «permanente» y la aplicación «efectiva» de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

Con esta convocatoria, CCOO y UGT apelan tanto a las organizaciones empresariales —para que desbloqueen la negociación colectiva y aseguren retribuciones que cubran bienes básicos— como a las administraciones públicas con competencias en la materia para que apliquen de forma efectiva la legislación sobre el derecho a la vivienda.

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