Los ayuntamientos de Ibiza seguirán sin disponer de la vía planteada por el PSIB para acogerse a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y aplicar medidas destinadas a contener el precio del alquiler. El Parlament ha rechazado este martes la proposición de ley socialista con 33 votos en contra de PP y Vox frente a los 24 favorables de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.
La decisión tiene especial incidencia en una isla donde tres de sus principales mercados residenciales superan actualmente los 20 euros por metro cuadrado de alquiler. Sant Josep de sa Talaia alcanza los 23,40 euros mensuales por metro cuadrado, Santa Eulària des Riu se sitúa en 21,39 e Ibiza ciudad en 20,37, según los últimos datos de Fotocasa publicados este martes por La Voz de Ibiza.
La propuesta socialista pretendía que los municipios pudieran promover su declaración como zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplieran las circunstancias previstas en la Ley estatal de Vivienda. También contemplaba que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pudiera tramitar estas solicitudes.
Una vez aprobada una declaración, el Govern debía poner en marcha un plan específico para corregir los desequilibrios del mercado residencial, con un calendario de actuaciones. La consideración de zona tensionada tendría una vigencia inicial de tres años y podría prorrogarse anualmente si continuaban las circunstancias que habían motivado su aprobación.
Los Consells insulares también quedaban involucrados en el procedimiento. La iniciativa establecía que debían prestar cooperación técnica y asesoramiento a los municipios para elaborar la documentación necesaria y proponía, además, destinar recursos procedentes del impuesto de turismo sostenible a la construcción de vivienda pública.
Debate cobra especial relevancia en Ibiza
La votación se produce apenas cinco días después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, defendiera precisamente en Ibiza su negativa a aplicar la figura de las zonas tensionadas. Prohens aseguró durante una visita a la isla que esa regulación no soluciona el problema de la vivienda, sino que «agrava el problema», como informó La Voz de Ibiza.
La presidenta defendió entonces que la respuesta a la crisis residencial pasa por aumentar la oferta de vivienda y ofrecer seguridad a los propietarios, frente al modelo de intervención de precios. También utilizó el caso de Cataluña para argumentar su oposición a extender esta herramienta a Baleares.
El problema tiene una dimensión especialmente marcada en las Pitiusas. Ibiza ciudad cuenta con un 42,9% de su parque residencial en régimen de alquiler, Santa Eulària con un 41,4% y Sant Antoni con un 38,7%, porcentajes que colocan a los principales municipios de la isla entre los de mayor peso del alquiler en Baleares.
PSIB acusa a PP de impedir intervención
El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, la calificó como la ley «más importante» de la legislatura. Negueruela acusó al PP de «traicionar» con su voto a personas con dificultades para mantener su vivienda, y mencionó el caso de Pilar, la mujer desahuciada en Palma que acudió este martes al Parlament para presenciar el pleno.
El socialista sostuvo que, de haberse aplicado esta regulación desde el inicio de la legislatura, los alquileres en Palma rondarían actualmente los 900 euros en lugar de los 1.400 euros que, según afirmó, alcanzan ahora. Se trata de una estimación defendida por Negueruela durante el debate.
También acusó a fondos de inversión de adquirir viviendas para desalojar posteriormente a sus inquilinos y volver a introducirlas en el mercado con rentas más altas. Negueruela reclamó que el Govern permita a los ayuntamientos decidir si quieren utilizar herramientas para limitar los precios, y citó expresamente los casos de Inca y Artà.
El portavoz socialista señaló además que la declaración de zonas tensionadas permitiría aplicar otras medidas vinculadas a la normativa estatal una vez entren en vigor, entre ellas actuaciones sobre alquileres temporales y por habitaciones, así como recargos sobre viviendas turísticas y casas vacías.
Negueruela terminó responsabilizando al Govern del «mayor éxodo» de trabajadores hacia la península por la dificultad de acceder a una vivienda. La presión residencial es también uno de los principales problemas de Ibiza, donde la combinación de precios elevados y limitada oferta de alquiler permanente condiciona el acceso a una vivienda durante todo el año.
MÉS y Podemos respaldan zonas tensionadas
Desde MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia acusó a Prohens de poner «la alfombra roja a la especulación» y cuestionó que la política de vivienda del Govern se apoye fundamentalmente en el mercado. El diputado aseguró que los precios de compraventa han aumentado un 40% y los alquileres un 30% durante los últimos tres años.
Apesteguia puso como ejemplo de la emergencia residencial a familias obligadas a compartir una única habitación, menores sin espacio para estudiar, jóvenes incapaces de emanciparse hasta avanzada la treintena y personas obligadas a abandonar Baleares pese a disponer de un buen sueldo.
También reprochó al PP que reivindique el municipalismo pero se oponga a conceder a los ayuntamientos esta capacidad. Apesteguia calificó esa posición de «muy poco democrático» y sostuvo que los municipios deberían poder decidir sobre la declaración de zonas tensionadas.
Por Més per Menorca, Josep Castells afirmó que la regulación afectaría a unas 53.000 viviendas en manos de grandes tenedores y comparó la posición del PP balear con la adoptada por el partido en Galicia, donde señaló que sí se permite utilizar esta medida.
El diputado de Unidas Podemos José María García reivindicó por su parte que la vivienda es «un derecho» y no un «activo financiero» y atribuyó la crisis actual a la «especulación». También sostuvo que incrementar la construcción no será suficiente si las viviendas que salgan al mercado continúan siendo «inaccesibles».
PP y Vox defienden aumento de oferta
En contra de la propuesta se posicionó la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien argumentó que intervenir los precios supondría «aumentar la burocracia» y «trasladar el problema que debería resolver la Administración a los propietarios».
Cañadas atribuyó los precios actuales a la «escasez de vivienda» y defendió que limitar las rentas «no crea más vivienda», sino que «multiplica la competencia» entre quienes buscan un inmueble. A su juicio, esa situación terminaría «expulsando al inquilino más vulnerable».
La diputada del PP Margalida Pocoví centró parte de su intervención en la gestión de los anteriores gobiernos autonómicos del PSIB. Reprochó a los socialistas haber entregado menos de 500 viviendas públicas durante las dos legislaturas precedentes y haber expropiado únicamente 14 inmuebles de grandes tenedores.
Pocoví defendió que las políticas impulsadas por el PP desde 2023 buscan «aumentar la oferta disponible» y sostuvo que «revertir la inoperancia requiere tiempo». El PP, añadió, no respaldará medidas que considera «fracasadas», porque a su juicio el intervencionismo «genera incerteza» y «retira oferta» del mercado.
La votación consolida así el modelo defendido por el Govern de Prohens y cierra por ahora la vía planteada por la izquierda para que ayuntamientos de Ibiza y del resto de Baleares puedan impulsar zonas tensionadas. El rechazo llega mientras la isla continúa registrando algunos de los precios de alquiler más elevados del archipiélago y con el acceso a la vivienda instalado en el centro del debate político.
