El campo de boyas privado proyectado en Cala Saona, en Formentera, tiene previsto cobrar entre 40 y 60 euros por boya y día a los barcos que amarren en él. Con esas tarifas, el promotor calcula un beneficio de casi 161.000 euros el primer año y de 1.761.915 euros en los diez primeros.
Son las cifras del estudio económico-financiero incluido en el proyecto básico de la mercantil Soluciones la Boya Ibiza S.L. Tal como avanzó La Voz de Ibiza, el Govern ha frenado el proyecto: la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental lo ha obligado a pasar por una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto, de 163 páginas, está fechado en abril de 2023 y fue redactado por la empresa Ingeniería y Mediciones Ibiza S.L.
Las tarifas y las cuentas
El estudio económico fija unas «tarifas a abonar por los usuarios (aproximadas)» de 40 euros por boya para barcos de hasta 10 metros, 50 euros para los de hasta 15 metros y 60 euros para los de hasta 20.
Con esas tarifas, el documento calcula los ingresos multiplicándolas por 180 días de explotación y una ocupación del 75%. El resultado son 311.850 euros al año: 70.200 euros de las 13 boyas pequeñas, 209.250 de las 31 medianas y 32.400 de las cuatro grandes.
Frente a esos ingresos, el promotor estima unos gastos de algo más de 150.000 euros el primer año. La partida principal es el personal, con 83.267 euros. Le siguen el alquiler de una nave de almacenamiento e ivernaje, con 33.600 euros al año, y el de una oficina, con 15.600. La plantilla prevista es de hasta cuatro personas entre abril y octubre: dos para mantenimiento y dos para cobros en plena temporada, y dos para montar y desmontar la instalación al inicio y al final.
La inversión en anclajes y boyas asciende a 137.605 euros. Con una subida anual del 2% por IPC, el beneficio crecería de 160.909 euros el primer año a 192.301 euros el décimo. Así, la estimación de beneficios a lo largo de la década alcanza los 1,7 millones de euros.
Los cánones por ocupación del dominio público que estima el propio estudio suman 9.632 euros.
Para transeúntes y con anclajes todo el año
El proyecto destina los 48 puntos de fondeo a «embarcaciones transeúntes en época estival».
La memoria describe la explotación como «una instalación estacional (de mayo a septiembre)», un periodo de unos 150 días, inferior a los 180 sobre los que se calculan los ingresos.
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Lo estacional, sin embargo, es solo la parte visible. Según el apartado de montaje y desmontaje, al final de cada temporada se retirarían cabos, amortiguadores y boyas.
Los anclajes Manta Ray seguirían clavados en el fondo, marcados con un boyarín sumergido para volver a montar la instalación la temporada siguiente. El documento ambiental, en cambio, sostiene que el impacto paisajístico es mínimo porque se trata de «estructuras que desaparecen completamente una vez acabada la temporada estival».
Una concesión de «hasta 50 años»
El estudio económico plantea una «solicitud de autorización» y proyecta diez años, cada uno etiquetado como «año de concesión». El anexo de cambio climático va más allá: invoca el artículo 135 del Reglamento General de Costas y afirma que el plazo de solicitud de la concesión «será de hasta 50 años».
El anexo de dinámica litoral calcula la instalación para una vida útil de 25 años, considerando que la obra «permanecería, tras sucesivas prórrogas, 25 años sin sufrir modificación alguna».
Los argumentos del promotor
El promotor justifica el proyecto en el fondeo descontrolado. Según el documento, algunos días de verano hay «más de 110 embarcaciones» fondeadas sin orden en la bahía, lo que genera inseguridad en la navegación y daños en el fondo. Sostiene que el campo de boyas supondría «una reducción de más de la mitad del número de embarcaciones» que fondean ahora.
Las esloras se reparten por profundidad: los barcos pequeños, más cerca de la costa, y los grandes, en las zonas más alejadas y profundas. Las plazas de 20 metros se incluyen, según el texto, «con el objetivo de garantizar el servicio a todo tipo de cliente en la bahía».
El proyecto aplica una distancia mínima de 200 metros a la orilla de la playa y de 50 metros a las zonas rocosas, y deja canales de navegación. Calcula además la capacidad de carga de los dos polígonos con tres separaciones entre fondeos: con 25 metros caben 435 puntos; con 50 metros, 107; con 75 metros, 49. El proyecto propone 48 amarres.
Entre las ventajas de su propuesta, el promotor cita la «regulación del fondeo libre en toda la superficie de la cala». El documento no concreta si se prohibiría fondear con ancla propia a quien no pague boya.
El cable de fibra óptica
El proyecto reconoce que «actualmente no existe una limitación de fondeo» sobre el cable de fibra óptica entre Ibiza y Formentera, aunque «parecen existir acuerdos para su limitación y balizamiento».
El promotor propone una franja sin fondeos entre los dos polígonos, con las mismas pautas que ya se aplican en Cala Jondal, donde el cable llega a Ibiza.
Las aves, «irrelevantes»
El documento ambiental del promotor reconoce que la ZEPA del Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza alberga «las colonias de cría de pardela balear (Puffinus mauretanicus) más importantes del mundo». Aun así, califica de «irrelevante» tanto las molestias a la avifauna como la degradación de su hábitat. El Govern rechazó esa valoración en su resolución, recordando que la pardela balear está catalogada en peligro crítico por la UICN.
El proyecto sí menciona la nacra (Pinna nobilis), pero solo en la descripción genérica de la comunidad de posidonia, como una de las especies «de elevado interés faunístico». El órgano ambiental reprochó que el documento no hubiera tenido en cuenta su posible presencia en la zona.
El recorrido del expediente
El proyecto está fechado en abril de 2023, pero el expediente de evaluación ambiental es de 2025. Los informes del Consell de Formentera y de la Dirección General de Medio Natural, ambos en contra, son de junio y julio de ese año.
La resolución que obliga a hacer la evaluación ordinaria se firmó el 28 de mayo de 2026 y se publicó en el BOIB el 10 de octubre, tal como avanzó La Voz de Ibiza.
Para seguir adelante, Soluciones la Boya Ibiza S.L. deberá presentar ahora un estudio de impacto ambiental completo y someterlo a información pública.
Sin respuestas
Este medio contactó con la empresa Ingeniería y Mediciones Ibiza S.L., redactora del proyecto, que rechazó realizar cualquier valoración sobre la situación y respondió que no estaba autorizada a facilitar datos sobre Soluciones la Boya Ibiza, a la que La Voz de Ibiza también intentó contactarla.
