El Govern balear ha frenado el campo de boyas privado proyectado en Cala Saona de Formentera. La directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, María Paz Andrade Barberá, ha resuelto que el proyecto no puede seguir por la vía de la evaluación ambiental simplificada. Así, tendrá que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, el procedimiento más exigente, porque «se prevé que el proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente».
La resolución se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Está firmada el 28 de mayo de 2026, más de cuatro meses antes, y obliga al promotor, la mercantil Soluciones la Boya Ibiza S.L., a redactar un estudio de impacto ambiental completo.
Ese estudio deberá someterse a información pública durante un plazo no inferior a treinta días y a una nueva ronda de consultas a administraciones y entidades ecologistas.
48 boyas en 28 hectáreas protegidas
El proyecto prevé instalar 48 puntos de fondeo sobre fondo de arena para embarcaciones de entre 10 y 20 metros de eslora, repartidos en dos polígonos que suman 28,61 hectáreas.
El primero, de 6,84 hectáreas, acogerá 9 barcos. El segundo, de 21,77 hectáreas, tendrá capacidad para 39. Por esloras, el campo incluye 13 plazas para barcos de 10 metros; 31 de 15 metros; y 4 de 20 metros.
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La totalidad de la instalación se sitúa dentro de la ZEC Área Marina de Cala Saona, de la ZEPA Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza y de la Reserva Marina de los Freus de Ibiza y Formentera.
Para el anclaje, el promotor propone el sistema denominado ecológico Manta Ray, que se clava en el fondo arenoso, en lugar de muertos de hormigón.
Dos informes en contra
Dos de las tres administraciones que respondieron a la consulta se opusieron al proyecto. El Área de Medio Ambiente del Consell de Formentera remitió el 30 de junio de 2025 un informe en el que «informa negativamente» la instalación.
Según el Consell, el campo de boyas «no aporta una solución integral al problema del fondeo» en la isla, «plantea la privatización del fondeo en la zona de Punta Rasa – Cala Saona – Caló den Trui» y no evalúa adecuadamente sus efectos.
El informe recuerda además que el proyecto «va en contra del Acuerdo del Pleno de 25 de octubre de 2019», que fijó como prioridad la regulación integral del fondeo en todo el término municipal.
La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern también se pronunció en contra el 11 de julio de 2025. Informó «desfavorablemente» el proyecto «porque puede afectar de forma apreciable a los hábitats y las especies» por los que se declaró el espacio Red Natura 2000.
La única luz verde llegó del Ministerio para la Transición Ecológica. Su Dirección General de la Costa y el Mar emitió el 15 de diciembre de 2025 un informe de compatibilidad con la estrategia marina «favorable con condiciones», condicionado a doce prescripciones, entre ellas una prospección submarina previa para detectar ejemplares de nacra (Pinna nobilis).
El propio Ministerio precisaba que su informe se emitía «sin perjuicio de la opinión de los órganos gestores» de los espacios Red Natura.
Choque con el Plan de Gestión Natura 2000
El argumento central del Govern es que el campo de boyas altera las reglas del Plan de Gestión Natura 2000 de Formentera. Ese plan prohíbe con carácter general fondear sobre posidonia y Cymodocea nodosa, y solo admite una zona de fondeo condicionado sobre arena para embarcaciones de menos de 16 metros.
Según la resolución, la instalación «se solapa en un 50%» con esa zona, y un campo de boyas privado «alteraría este derecho sin una justificación ambiental que lo ampare».
El proyecto incluye además cuatro plazas para barcos de 20 metros, por encima del límite de eslora que el plan fija para el fondeo en la zona.
El órgano ambiental concluye que el campo «no constituye una medida prevista en la gestión del espacio, sino una alteración del modelo de regulación vigente».
Advierte también de que el proyecto no reduce la presión náutica, sino que la «concentra en un espacio concreto», con el consiguiente riesgo de desplazar barcos hacia las praderas de posidonia adyacentes o hacia otros espacios protegidos como el Cap de Barbaria.
Pardela balear, nacra y pesca artesanal
La resolución también desmonta la valoración del promotor sobre las aves. El documento ambiental calificaba de «irrelevantes» los impactos sobre la avifauna.
El Govern responde que la ZEPA constituye «la extensión marina de las colonias de cría más importantes del mundo» de la pardela balear, especie catalogada en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La zona alberga además al menos el 1% de la población europea de cormorán moñudo. Entre las principales amenazas para estas colonias, la resolución cita expresamente «el fondeo de embarcaciones de recreo».
El órgano ambiental añade que el documento del promotor «no ha tenido en cuenta la potencial presencia» de la nacra, en peligro de extinción, en las praderas cercanas.
También señala que la bahía es «un caladero tradicional de alto valor para la pesca de raors y gerrets», y que los anclajes fijos pueden convertirse en un obstáculo para las artes de pesca artesanal permitidas en la ZEC. Por último, reprocha que el proyecto no contemple la fase de desmantelamiento ni defina la vida útil de la instalación.
Un cable sin balizar
Entre los motivos que el promotor alega para justificar la actuación figuran los daños que el fondeo descontrolado causa al cable de fibra óptica entre Ibiza y Formentera, que cruza el centro de la bahía. La resolución confirma que el cable tiene una franja de protección donde está prohibido fondear y que esa franja «no está balizada».
La resolución no admite recurso. Solo podrá recurrirse, en su caso, la eventual autorización del proyecto.
