El Ayuntamiento de Ibiza prepara una sanción de 4,2 millones de euros por alquiler turístico ilegal, la mayor cuantía anunciada hasta ahora por el Consistorio en su ofensiva contra esta actividad. La multa afecta a un único inmueble que habría sido destinado al alojamiento de turistas sin contar con la autorización correspondiente.
Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Vila, Rafael Triguero, durante el debate sobre el estado del municipio celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento. El primer edil ha explicado que la sanción equivale al 75% del valor de la edificación y que su aprobación está prevista «en las próximas semanas» en Junta de Gobierno. De esta manera, el expediente todavía debe completar su tramitación antes de que la multa sea formalmente aprobada.
La cuantía anunciada supone un salto considerable respecto de las sanciones que el Ayuntamiento ha venido imponiendo durante los últimos ejercicios por el uso turístico ilegal de inmuebles residenciales.
Una multa que se calcula sobre el valor del inmueble
La actuación municipal se enmarca en la aplicación de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB), que permite sancionar el cambio de uso de una vivienda residencial a alojamiento turístico cuando esta actividad no está autorizada urbanísticamente.
En particular, el artículo 167.4 contempla multas que pueden oscilar entre el 50% y el 100% del valor de la edificación cuando se acredita un cambio de uso no permitido.
El Ayuntamiento ha aplicado este mecanismo sancionador en otros expedientes relacionados con viviendas explotadas turísticamente sin la correspondiente habilitación. En el nuevo caso, la sanción de 4,2 millones anunciada por Triguero corresponde al 75% del valor atribuido al inmueble para calcular la multa, lo que sitúa esa base de valoración en torno a 5,6 millones de euros.
Cuatro sanciones anteriores de hasta 795.000 euros
El alcalde ha recordado que, entre 2025 y lo que va de 2026, el Ayuntamiento ha aprobado cuatro sanciones por alquiler turístico ilegal, con importes comprendidos entre los 276.000 y los 795.000 euros.
Entre los expedientes anteriores figura el aprobado en junio de este año, cuando la Junta de Gobierno Local impuso una multa de 793.443,74 euros después de desestimar las alegaciones presentadas por la entidad denunciada. Aquel procedimiento se había iniciado a raíz de una inspección conjunta de la Policía Local y los servicios municipales de Urbanismo realizada en 2024, durante la cual se comprobó que una vivienda estaba siendo destinada a uso turístico sin contar con el título habilitante necesario. La sanción también se calculó aplicando el 75% del valor de la edificación.
Previamente, en noviembre de 2025, el Ayuntamiento había aprobado otros dos expedientes sancionadores por un importe conjunto de 740.239,51 euros, correspondientes a infracciones detectadas en viviendas utilizadas para alojar turistas de manera ilegal.
Un total de 99 inspecciones en cinco meses
Durante su intervención en el pleno, Triguero ha hecho balance de la actividad inspectora desarrollada durante los últimos meses. Según los datos municipales, entre junio y octubre se han realizado 99 inspecciones de viviendas para detectar posibles casos de alquiler turístico ilegal en el municipio.
Estas actuaciones han permitido levantar 14 actas que actualmente se encuentran en tramitación. Además, el Ayuntamiento ha procedido al precinto de siete viviendas que estaban siendo utilizadas para ofrecer alojamiento turístico sin autorización.
Los datos reflejan las diferentes fases de la actuación municipal: desde las inspecciones iniciales y la apertura de expedientes hasta las medidas de precinto y la imposición de sanciones económicas.
Ibiza reivindica la reducción de la oferta turística ilegal
El alcalde ha defendido los resultados de la estrategia municipal contra los alojamientos turísticos no autorizados y ha asegurado que la ciudad «encabeza la reducción de la oferta turística ilegal, según Exceltur».
Triguero ha vinculado esta política con las medidas que impulsa el Ayuntamiento para mejorar el acceso a la vivienda de los residentes, uno de los asuntos centrales de su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad.
El gobierno municipal considera que combatir el uso turístico irregular de los inmuebles residenciales es una herramienta para proteger el destino habitacional de las viviendas. En este contexto, la futura multa de 4,2 millones de euros representaría un nuevo máximo en la actuación sancionadora municipal contra el alquiler turístico ilegal, aunque todavía está pendiente de aprobación.
