El PSOE vuelve a recurrir a fórmulas ya conocidas para abordar la crisis de acceso a la vivienda en Ibiza. Los socialistas han presentado en los cinco ayuntamientos de la isla una moción que propone incrementar hasta un 150% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a determinadas viviendas vacías, aplicar recargos fiscales a los inmuebles destinados al alquiler turístico y reclamar al Govern balear que declare los municipios como zonas de mercado residencial tensionado.
La iniciativa recupera instrumentos que llevan años formando parte del debate sobre la vivienda en España. Tanto la declaración de zonas tensionadas como la posibilidad de aplicar recargos fiscales a las viviendas desocupadas están recogidas en la Ley estatal de Vivienda de 2023.
El PSOE de Santa Eulària también había planteado en noviembre de 2025 penalizaciones fiscales para grandes propietarios y viviendas turísticas.
Declarar zonas tensionadas
Uno de los principales acuerdos de la moción consiste en instar al Govern de Marga Prohens a aplicar la Ley estatal de Vivienda y declarar los municipios ibicencos como zonas de mercado residencial tensionado.
Esta figura, que permite introducir límites en los precios de determinados contratos de alquiler, ya se ha aplicado en otros territorios españoles, especialmente en Cataluña, donde sus resultados continúan siendo objeto de controversia. Mientras los datos oficiales catalanes apuntan a una moderación de las rentas, distintos informes del sector inmobiliario advierten de una reducción de la oferta de viviendas en alquiler residencial.
En esa línea, los datos publicados durante 2026 muestran una importante reducción de la oferta anunciada de alquiler residencial en Cataluña. Según un estudio de Idealista publicado en marzo pasado, dos años después de la primera declaración de zonas tensionadas, la oferta de viviendas anunciadas para alquiler de larga duración en Barcelona había caído más de un 56 % respecto al primer trimestre de 2024.
El mismo análisis señala que el alquiler de temporada pasó de representar el 34 % de los anuncios de arrendamiento en la capital catalana en marzo de 2024 a cerca del 64 % al cierre de 2025.
La tendencia también se observa en otros municipios. En L’Hospitalet de Llobregat, municipio del área metropolitana de Barcelona, Idealista cifra en el 66 % la reducción de los anuncios de alquiler permanente, mientras que la oferta de arrendamientos temporales aumentó un 83 %. En Girona y Tarragona, los descensos del alquiler de larga duración se aproximaron al 50 %, y en Lleida alcanzaron el 38 %.
Recargos fiscales a las viviendas vacías y turísticas
Otra de las medidas consiste en modificar las ordenanzas fiscales municipales para aplicar recargos de entre el 50% y el 150% del IBI a las viviendas vacías. La propuesta se dirige específicamente a los inmuebles que permanezcan desocupados de manera continuada e injustificada y que estén en manos de grandes tenedores.
El mismo acuerdo plantea también establecer los recargos tributarios correspondientes a los inmuebles de uso residencial destinados al alquiler turístico, con el objetivo de intervenir sobre una parte del parque inmobiliario que no se encuentra disponible para el alquiler residencial.
La iniciativa supone trasladar a los propios ayuntamientos parte de la responsabilidad de adoptar medidas contra la crisis habitacional, mediante la utilización de sus competencias fiscales.
Ayudas a pequeños propietarios
Junto a las medidas fiscales, el PSOE propone crear convocatorias municipales de ayudas dirigidas a pequeños propietarios particulares para reformar y acondicionar viviendas. Estas subvenciones quedarían condicionadas a que los beneficiarios incorporasen posteriormente los inmuebles al mercado de alquiler residencial de larga duración, a precios asequibles para residentes del municipio.
El documento establece una distinción entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores o fondos de inversión inmobiliaria, a los que responsabiliza de buena parte de las prácticas especulativas que denuncia.
Según recoge la moción, las administraciones deben ofrecer seguridad y acompañamiento a los particulares para facilitar que sus inmuebles se destinen al alquiler residencial.
El 0,5% del PIB para vivienda pública
La propuesta también reclama al Govern balear, los consells insulares y el Gobierno de España una mayor coordinación para ampliar el parque público y protegido de vivienda.
En concreto, plantea incrementar la inversión en construcción y adquisición de suelo y viviendas públicas, con el objetivo de destinar anualmente a esta finalidad el equivalente al 0,5% del PIB de Baleares.
Además, los socialistas defienden la creación de alianzas con la sociedad civil mediante un Pacto por la Vivienda que sirva de eje para las políticas públicas.
Encarecimiento del 67% del alquiler
La moción justifica sus propuestas con el incremento de los precios del alquiler en Ibiza durante los últimos años. Según los datos que recoge el documento, el alquiler medio en la isla pasó de 1.184 euros mensuales en 2022 a 1.978 euros en 2025, una subida de 794 euros, equivalente al 67,1%.
Los socialistas responsabilizan de esta situación a los gobiernos del PP en Baleares y en el Consell de Ibiza, a los que acusan de no haber aplicado las medidas necesarias para contener los precios y frenar la especulación inmobiliaria.
La exposición de motivos también recoge el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada después de vivir durante 71 años en su vivienda, y critica a PP, Vox y Junts por su rechazo a la convalidación de dos reales decretos estatales que incluían medidas de protección de los inquilinos.
El PSOE sostiene que la falta de estas medidas compromete la estabilidad de más de 70.000 contratos de alquiler en Baleares, que afectarían a unas 250.000 personas.
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