La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se reunió en Ca n’Oleo, en Palma, con representantes empresariales, sindicales y de los sectores productivos para perfilar un segundo paquete de medidas económicas de 125,25 millones de euros. El Ejecutivo prevé activarlo a principios de 2027 para responder al aumento de los costes que atribuye al conflicto en Oriente Medio.
La propuesta reserva 50 millones de euros para facilitar financiación y liquidez a empresas y autónomos, mientras que otros 25,25 millones se destinarán a subvenciones directas. El reparto planteado contempla 10 millones para agricultura, ganadería y pesca, 7,6 millones para el transporte y 7,65 millones para la industria, la construcción y el comercio. El Govern asegura que tendrá en cuenta la doble y triple insularidad al diseñar las ayudas.
El anuncio llega después de varias reuniones con las actividades más expuestas al encarecimiento del combustible y de las materias primas. En octubre, transportistas, constructores y navieras ya habían advertido de la subida de sus gastos en un encuentro con el Ejecutivo autonómico, según publicó La Voz de Ibiza.
Bonificaciones fiscales y revisión de contratos
El plan incorpora 45 millones de euros para revisar los precios de adjudicaciones de obra pública, con la intención de evitar que el encarecimiento de los materiales comprometa las inversiones. También contempla prolongar las medidas de agilización administrativa y mantener dos beneficios fiscales, cuyo impacto conjunto se estima en cinco millones de euros.
Se trata de la deducción autonómica asociada a hipotecas de tipo variable, que se extendería a 2027, y de la bonificación de las tasas de Puertos IB para pescadores y actividades económicas. Por ahora, el Govern no ha detallado qué cantidades específicas llegarán a Ibiza y Formentera ni los requisitos de las futuras convocatorias.
A la reunión asistieron el vicepresidente y responsable de Economía, Antoni Costa, y los consellers Alejandro Sáenz de San Pedro, José Luis Mateo, Catalina Cabrer y Joan Simonet. También participaron representantes de pymes, autónomos, cámaras de comercio, sindicatos, organizaciones agrarias y pesqueras, asociaciones de construcción e industria, empresas navieras y colectivos de transporte.
Más de 300 millones entre los tres paquetes
La iniciativa se suma al primer plan de choque aprobado en abril, que movilizó 160,75 millones de euros en financiación, ayudas, rebajas fiscales y revisión de contratos públicos. De aquella intervención, según el Govern, ya se han abonado nueve millones para industria, construcción y comercio, mientras que más de nueve millones en transporte están pagados o tramitados.
En el sector primario, 12,5 millones del primer paquete siguen en distintas fases de tramitación del pago. El Ejecutivo comunicó además recientemente el abono de 4,8 millones en ayudas a la industria, destinados a compensar sobrecostes de producción y transporte asociados a la crisis.
A estas medidas se añaden 15,3 millones de euros de apoyo social para familias vulnerables, alimentación, energía, vivienda y atención a la infancia. También se incluyen recursos para servicios sociales municipales, entidades del tercer sector, conciliación y agilización de prestaciones. Ibiza ya había anunciado su propio programa de apoyo a familias y pequeños empresarios.
La suma de ambos paquetes económicos y el social alcanza 301,3 millones de euros. Los 125,25 millones correspondientes a 2027 son todavía una propuesta definida con los sectores y no deben confundirse con ayudas ya convocadas o abonadas. La concreción de su aplicación y de los beneficiarios queda pendiente.
