El Consell Insular de Mallorca ha impuesto una de las sanciones más severas de su historia al suspender de empleo y sueldo durante cinco años y medio a una funcionaria interina que, según una investigación, fichaba sin permanecer en su puesto de trabajo. La decisión, tomada en enero, se basa en una investigación que demostró que la empleada simultaneaba su labor en la institución con un segundo empleo en una empresa privada, sin haber solicitado la compatibilidad de ambos trabajos, según Ultima Hora.
Una investigación con detective privado
Las sospechas sobre el fraude horario llevaron al Consell a contratar los servicios de un detective privado, quien siguió a la trabajadora durante cinco días. El informe de vigilancia constató que la empleada acudía por la mañana a la sede del Consell en General Riera, fichaba y se marchaba inmediatamente a su otro empleo. A última hora de la mañana, realizaba el trayecto inverso y volvía a fichar antes de la salida.
Con estas pruebas, el Consell Insular inició un expediente disciplinario, en el que se le imputaron tres faltas graves: absentismo laboral, incumplimiento del sistema de control horario y vulneración del régimen de compatibilidades, al no haber solicitado la autorización para desarrollar una segunda actividad laboral.
Las alegaciones de la funcionaria
En el expediente, la trabajadora reconoció que desempeñaba los dos trabajos, pero presentó una serie de alegaciones para defender su actuación:
📌 Justificó que su presencia física en el Consell no era imprescindible para cumplir con sus funciones.
📌 Argumentó que no tenía un horario fijo y que, en realidad, cumplía con más horas de las que le correspondían, ya que trabajaba por las tardes.
📌 Denunció un trato desigual, alegando que otros empleados también compatibilizaban empleos sin haber sido sancionados.
El Consell desestimó estos argumentos, afirmando que el hecho de que otros trabajadores pudieran estar en la misma situación no exime a la sancionada de responsabilidad. Además, consideró que no presentó pruebas suficientes para demostrar que realmente cumplía con sus horas de trabajo, y que eludir los mecanismos de control horario reforzaba la sospecha de irregularidad.
Un caso que llega a los tribunales
El caso no ha terminado con la sanción administrativa. La funcionaria también ha sido despedida de su empleo en la empresa privada, lo que ha desatado una nueva controversia.
Su defensa ha recurrido la decisión del Consell en los tribunales, alegando que podría haberse cometido un delito de revelación de secretos, al sospechar que la institución facilitó datos personales o información sobre la investigación a terceros, lo que habría derivado en su despido de la empresa privada.
Mientras se resuelve la disputa legal, el caso ha reabierto el debate sobre el control del absentismo laboral en la administración pública y el uso de detectives privados como herramienta para detectar fraudes en el ámbito laboral.
