La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que se le retire el pasaporte al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y se le imponga la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Esta petición se produce tras la declaración de Ábalos como investigado en el conocido ‘caso Koldo’, después de que el Congreso de los Diputados autorizara el suplicatorio que permite su investigación.
Ábalos ha acudido a las 09:33 horas al Tribunal Supremo para prestar declaración ante el magistrado Leopoldo Puente. Durante su comparecencia, el exministro ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, ratificándose en su declaración anterior del 12 de diciembre, en la que negó haber recibido comisiones del empresario Víctor de Aldama a cambio de adjudicar contratos públicos durante la pandemia de COVID-19. Ábalos ha reiterado su inocencia y ha rechazado las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho, malversación y pertenencia a organización criminal.
Medidas cautelares solicitadas
Tras la declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que se le retire el pasaporte a Ábalos y se le prohíba salir del país, además de imponerle la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La acusación popular, representada por el Partido Popular, ha apoyado esta solicitud. El magistrado Leopoldo Puente deberá decidir en los próximos días si adopta estas medidas cautelares.
Con la solicitud de retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, la Fiscalía muestra su desconfianza ante un posible riesgo de fuga o de alteración de pruebas en el caso. Ahora, el juez deberá decidir si accede a estas medidas cautelares o si permite que Ábalos continúe en libertad sin restricciones adicionales.
Un caso con ramificaciones en Baleares y el Govern de Armengol
El caso Koldo, que investiga el cobro de comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, ha salpicado directamente a Baleares, ya que el Govern de Francina Armengol adjudicó un contrato de 3,7 millones de euros a la empresa investigada, Soluciones de Gestión.
El contrato fue firmado por el entonces director del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut), Javier Ureña, quien declaró en la causa como testigo. Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, ha defendido que las compras se hicieron siguiendo los procedimientos habituales en la emergencia sanitaria.
La pieza principal del caso Koldo investiga a Koldo García, exasesor de Ábalos, quien presuntamente habría facilitado la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión a cambio de comisiones millonarias. En la trama también aparecen otros altos cargos, tanto del Gobierno central como autonómicos, en la firma de estos contratos de emergencia.
Entretanto, el caso sigue sumando nuevas derivadas, con la expectativa de que en los próximos meses puedan salir a la luz más detalles sobre la presunta red de comisiones y su alcance en distintas administraciones públicas.
