Detrás de la obra ilegal detectada por el Ayuntamiento de Sant Joan, con trabajadores en situación irregular, se encuentra el grupo inversor holandés Young, con sede en Valencia, quien había anunciado a bombo y platillo su irrupción en el sector hotelero con la apertura de sus primeras dos propiedades en España, una de ellas puntualmente en Ibiza.
«Con seis exclusivas habitaciones, esta villa rural está pensada para quienes buscan descanso y conexión con la naturaleza, ofreciendo una experiencia única en el corazón de la isla. La finca contará con un equipo especializado que gestionará y trabajará la granja, asegurando su mantenimiento y el aprovechamiento sostenible de los recursos, que junto a sus instalaciones, promete ser uno de sus principales atractivos», habían asegurado desde el grupo inversor.
Se trataba de la renovación de Ibiza Lodge, una antigua granja convertida en una villa con piscina privada, enclavada en un entorno de más de 80.000 metros cuadrados en Santa Gertrudis de Fruitera.
El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ya había precintado las obras de ampliación y cambio de uso en una casa payesa protegida por patrimonio. Tras la constatación de una serie de actuaciones que vulneran la normativa urbanística, se han iniciado las correspondientes actuaciones legales y administrativas que todavía siguen en trámite.
Las irregularidades
Esta mañana, el Ayuntamiento ha hecho un resumen de las actuaciones. En tal sentido, detallaron que se detectó una “presunta infracción consistente en una reforma integral de la vivienda existente, que comprende la planta baja (aproximadamente 197 m²) y la planta piso (alrededor de 35,40 m²)”.
Las obras incluían modificaciones estructurales, incremento de volúmenes y, de manera relevante, la demolición completa y reconstrucción del ala oeste en ambas plantas.
Además, se pretendía realizar el cambio de uso en dos anexos:
- Uno adyacente a la vivienda con una superficie de 100 m², en el cual ya se han iniciado trabajos.
- Otro de aproximadamente 56 m², donde no se ha dado inicio a las obras.
Las intervenciones
El 24 de abril de 2024, los Servicios Técnicos Municipales, junto a la Policía Local, realizaron una primera visita de inspección en la que se constató la “ejecución de obras sin licencia en la parcela referida. En ese momento se procedió a la apertura del expediente de Disciplina Urbanística”.
Al tratarse de una casa payesa inventariada en el registro de la «Conselleria de Patrimonio del Consell Insular d’Eivissa«, la actuación se encuadra como una infracción muy grave.
Posteriormente, se inició el Expediente de Restablecimiento a la Legalidad Urbanística, en el que se ordenó la “inmediata suspensión de las obras, finalizando con una orden de restablecimiento a la realidad física alterada de la vivienda, ya firme”.
Además, se abrió el expediente sancionador por la infracción urbanística, actualmente en trámite, en el que se propone una multa de 257.525,25 euros.
El 4 de febrero de este año, los Servicios Técnicos y la Policía Local constatan que las obras han continuado pese a la orden, procediéndose al precinto del inmueble ante las reiteradas desobediencias.
Diez días después, ante la continuación de las obras y la violación del precinto, se realizó una nueva inspección en colaboración con la Policía Nacional e Inspección de Trabajo.
“Durante esta visita se comprobó la ejecución de las obras con trabajadores que carecían de permiso laboral y residencia en España, procediéndose a la incautación de maquinaria y herramientas como medida cautelar para detener los trabajos”, detallaron desde el Ayuntamiento.
En ese contexto, el 21 de febrero de 2025, tras las diversas intervenciones, se personó en las dependencias municipales un representante del grupo inversor promotor, Young, un grupo holandés con sede en Valencia.
Expediente adicional
Los Servicios Técnicos Municipales elaborarán ahora un nuevo informe con el fin de iniciar un expediente adicional de Disciplina Urbanística respecto a las nuevas intervenciones detectadas.
“El Ayuntamiento reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa urbanística y la protección del patrimonio, garantizando que se adoptan todas las medidas necesarias para asegurar el orden y la legalidad en nuestro territorio”, concluyeron.
