La multa mínima de 1.500,01 euros, aplicada por el Consell Insular de Formentera a los concesionarios por la insumisión de no llevar adelante el desmontaje de los quioscos de playa entre el 15 de enero y el 15 de febrero, parece salida de la boca de los propios chiringuitos: es la misma sanción que habían pedido el 17 de octubre pasado en una reunión con el director insular de Litoral. La multa es una ganga, ya que los propios chiringuitos indicaron que el coste de cumplir la obligación de desmontar y montar de nuevo ascendería a 50.000 euros.
Esa reunión se celebró en la sede de Marina de Formentera, convocada por Juanjo Costa, el titular del quiosco que instaló una tubería enterrada en unas dunas y sobre el que pesan al menos otras dos faltas graves. Mientras que el interlocutor y portavoz de los chiringuitos fue el empresario Ángel Bustos.
Además de solicitar una rebaja en el canon y que el Consell realice un “reequilibrio económico” ya que “el pliego es imposible de cumplir” –según plantearon-, deslizaron implícitamente su intención de no desmontar, a pesar que conocían tal obligación establecida en el título concesional y en el Reglamento General de Costa.
Durante la reunión, este escenario se puso encima de la mesa por parte de los adjudicatarios y especularon con que estarían cometiendo una “infracción muy grave” y que le correspondería “el mínimo estipulado por el pliego: 1500,01 euros. Algo que a todos los adjudicatarios presentes (7 de los 8) les parecía bien”, explicó un testigo ese día.
Sin embargo, la abogada de uno de los propietarios que asistió en su representación alertó que solo lo podrían hacer dos veces más a lo largo de todo el contrato, ya que “al alcanzar las tres infracciones muy graves se les debería aplicar la rescisión del contrato”.
Asier Fernández, ex director insular de Litoral, confirmó a La Voz de Ibiza que “ya me hicieron esa propuesta en su día durante una reunión presencial. Algo con lo que yo no estuve de acuerdo”.
Los propietarios no dejaron esta propuesta por escrito, al igual que con la reclamación de la rebaja del canon, justamente para no dejar ninguna constancia de tales posturas contrarias a lo establecido por las normativas.
