Las asociaciones Salvem sa Badia de Portmany y Amics de la Terra han reclamado al Govern balear que endurezca los requisitos para operar en el sector del alquiler náutico.
Ambas entidades han presentado un documento de alegaciones en el marco de la segunda consulta pública sobre la modificación del Decreto 21/2017, insistiendo en la necesidad de impedir que las empresas puedan comenzar a operar solo con una declaración responsable, sin una verificación previa de los requisitos exigidos.
Consideran que este sistema facilita que muchas empresas incumplan la normativa sin que haya un control efectivo por parte de la administración, lo que supone un riesgo tanto para la seguridad en la navegación como para la conservación del entorno marino.
El problema de los fondeos ilegales y la falta de regulación
La preocupación principal de las entidades ecologistas radica en la falta de control sobre la gestión de residuos, las aguas grises y negras, y los fondeos ilegales sobre praderas de posidonia. Según denuncian, cada verano se repiten las mismas escenas en zonas como la bahía de Portmany, Talamanca y Porroig, donde embarcaciones de chárter fondean de manera descontrolada, dañando gravemente el ecosistema marino.
A esto se suma la proliferación de empresas que publicitan actividades potencialmente peligrosas para el medio ambiente. Como ejemplo, citan las ofertas de navegación con motor bajo el arco de ses Margalides, ubicado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Costa dels Amunts). Este tipo de prácticas afectan a especies en plena época de nidificación, como el halcón de Eleonora y el Paíño europeo, y ponen en riesgo la biodiversidad de la isla.
Exigen requisitos más estrictos para operar
Para frenar esta problemática, Salvem sa Badia y Amics de la Terra piden al Govern balear que imponga medidas más estrictas antes de conceder permisos a las empresas de alquiler náutico. Insisten en que, además de la declaración responsable, se exija documentación que garantice que las embarcaciones disponen de un punto de amarre o una autorización de acceso a una rampa en Baleares, evitando así la saturación de las aguas con fondeos irregulares.
Otra de sus peticiones es la implantación de formación obligatoria para las empresas de alquiler, con conocimientos básicos sobre navegación, seguridad, protección de zonas Natura 2000 y gestión de residuos. Además, consideran imprescindible que las autoridades mantengan un registro de la actividad de alquiler para garantizar una supervisión efectiva.
La excepción legal que permite endurecer la normativa
Si bien el Govern balear argumenta que la simplificación de trámites administrativos está alineada con la estrategia de la Unión Europea, Salvem sa Badia y Amics de la Terra recuerdan que la Directiva Europea 2006/123/CE permite establecer restricciones cuando existan razones de interés general, como la protección del medio ambiente.
Las asociaciones también han solicitado la eliminación del artículo 10 del Real Decreto 875/2014, que actualmente permite el manejo de embarcaciones con motor de hasta 5 metros de eslora sin necesidad de titulación. Denuncian que esta falta de regulación ha derivado en un aumento de accidentes y daños ambientales, ya que muchas personas sin experiencia alquilan embarcaciones sin conocer las normas de navegación o los protocolos de seguridad.
Las entidades ecologistas advierten que la actual falta de control sobre el alquiler náutico pone en riesgo el patrimonio natural marítimo y costero de Baleares. Consideran que, si no se endurecen los requisitos, la actividad seguirá creciendo sin límites, generando impactos negativos sobre el ecosistema marino y aumentando los conflictos en la navegación.
