El Govern de les Illes Balears ha anunciado que no prevé asumir las competencias en materia de tutela de menores migrantes no acompañados que actualmente ejerce el Consell de Formentera. Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien ha subrayado que se trabajará en “otras vías de apoyo” sin dejar de lado el problema, pero sin llegar a asumir directamente esta competencia.
Costa ha señalado que la decisión viene marcada por la «inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez», apuntando además a que el Govern autonómico estudiará alternativas para aliviar la presión financiera del Consell, pero no contempla, por ahora, absorber esa competencia transferida.
Una carga insostenible para Formentera
El contexto detrás de esta decisión es complejo. El Consell de Formentera atiende actualmente a 110 menores migrantes no acompañados, una cifra que ha puesto en jaque las finanzas de la institución. El coste que representa esta atención es “inasumible”, según ha denunciado el propio Consell, lo que ha motivado su solicitud formal de devolver la competencia al Govern balear.
Aunque el Ejecutivo autonómico no recoge esta propuesta, sí ha afirmado que «en ningún caso se desentenderá del problema», y que se están analizando vías de refuerzo a nivel logístico y financiero.
Un problema que se agrava: cuatro veces más llegadas y una amenaza presupuestaria
Tal como expone un reciente informe técnico y jurídico del Consell, en 2024 se cuadruplicó la llegada de menores respecto al año anterior, pasando de 26 a 103 menas. Esta evolución provocó un gasto de 2,4 millones de euros, cifra que se ha disparado en los dos primeros meses de 2025 hasta alcanzar los 1,5 millones.
De continuar esta tendencia, el gasto anual en 2025 podría superar los 9 millones de euros, representando más del 20 % del presupuesto total del Consell. Además, el informe denuncia que solo 13 menores residen realmente en Formentera, ya que no existen infraestructuras adecuadas para albergar a todos.
Reclamo de financiación urgente y advertencia de colapso
El informe insiste en que el Govern debe activar mecanismos de financiación extraordinaria conforme al Estatut d’Autonomia, que establece la obligación de cubrir los costes excedentes de las competencias transferidas. Se advierte incluso de una posible «hecatombe financiera» si no se corrige el desequilibrio actual.
No obstante, desde el Govern se insiste en la voluntad de cooperación institucional sin retomar formalmente la competencia, un gesto que algunos interpretan como insuficiente ante la dimensión del problema actual.
