El futuro del asentamiento de Can Rova 2 sigue marcado por los vaivenes judiciales. Después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma paralizara esta semana el desalojo en marcha del Ayuntamiento de Santa Eulària, el consistorio ha confirmado que presentará un recurso para intentar revertir la decisión.
Según ha trasladado el Ayuntamiento, el recurso de reposición se interpondrá en los próximos días, dentro del plazo legal de cinco jornadas, para defender la legalidad de su actuación.
La suspensión del desalojo, autorizada inicialmente por el mismo tribunal, dejó en pausa una intervención que se había iniciado el miércoles y que pretendía desalojar a las más de 200 personas que habitan actualmente en este asentamiento informal en las afueras del núcleo urbano.
Pero la novedad judicial no se detiene en Palma. Este jueves, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza ha decidido archivar el procedimiento civil paralelo, iniciado también por los propietarios del terreno, por defectos formales en la demanda.
En concreto, el juez José Manuel García Marfil ha considerado que la parte demandante no aportó la certificación del Registro de la Propiedad que acredita si tiene o no la condición de gran tenedor de vivienda, ni especificó si el terreno ocupado constituye la vivienda habitual de sus residentes.
Aunque la decisión del juzgado ibicenco representa un alivio momentáneo para los habitantes del asentamiento —muchos de ellos familias con menores y trabajadores de temporada—, el proceso no está cerrado. Los propietarios disponen de un plazo de 20 días para recurrir la resolución y reactivar esta vía.
El conflicto jurídico se mantiene, por tanto, abierto en dos frentes: el administrativo, en manos de los tribunales de Palma, y el civil, que por ahora se ha cerrado en Ibiza, pero podría reabrirse si se subsanan los errores detectados.
