El Govern balear ha aprobado este viernes el decreto ley de Medidas de Contención Turística, una norma con la que el Ejecutivo que preside Marga Prohens (PP) pretende poner límites al crecimiento de plazas turísticas. El texto ha sido pactado con Vox, que ha exigido como condición no tocar la ecotasa y renunciar a nuevos impuestos para coches de alquiler y vehículos particulares usados con fines turísticos.
La nueva norma introduce restricciones al alojamiento en edificios plurifamiliares, endurece las sanciones al alquiler ilegal y da más poder a los consells para declarar zonas saturadas. El Govern defiende que se trata de una herramienta flexible para gestionar la presión turística sin incrementar la carga fiscal.
Prohibidas las nuevas plazas en bloques de pisos
El decreto prohíbe de forma generalizada la creación de nuevas plazas turísticas en viviendas ubicadas en edificios plurifamiliares, una medida que se aplicará en todas las islas, incluida Ibiza. La intención es frenar el crecimiento de plazas en entornos residenciales, que en muchos casos han sido señalados como puntos críticos por la saturación turística y los conflictos vecinales.
Además, se endurecen los requisitos de calidad para renovar licencias ya existentes en este tipo de inmuebles, que deberán cumplir con los nuevos estándares establecidos en el desarrollo reglamentario. El Govern busca así profesionalizar la oferta legal y limitar el uso turístico de viviendas con condiciones deficientes.
Ecotasa congelada y sin nuevos tributos al turismo en carretera
El texto aprobado no contempla la subida de la ecotasa, uno de los aspectos más debatidos en los días previos. También queda descartada la creación de un impuesto específico para vehículos de alquiler y coches particulares utilizados por turistas, una medida que había estado sobre la mesa pero que Vox ha vetado.
Este aspecto ya había sido adelantado por La Voz de Ibiza. Con esta decisión, el Ejecutivo balear refuerza el apoyo parlamentario del partido de Abascal, aunque a costa de renunciar a nuevas vías de financiación vinculadas al turismo.
Endurecimiento de sanciones al alquiler turístico ilegal
Uno de los pilares del decreto es el refuerzo de las sanciones contra el alquiler turístico no regulado. A partir de ahora, las plataformas digitales estarán obligadas a exigir el número de registro turístico para la publicación de anuncios. En caso de incumplimiento, compartirán la responsabilidad con los propietarios.
Las multas aumentan un 25 % respecto a las anteriores. Las infracciones muy graves pueden alcanzar hasta 500.000 euros, las graves hasta 50.000 y las leves hasta 5.000. Además, quienes sean sancionados podrán optar a descuentos de hasta el 80 % si destinan la vivienda al alquiler social o a precio limitado, cediendo las rentas a la comunidad autónoma.
Vuelve el intercambio de plazas, pero sin aumento neto
El Govern permitirá de nuevo el intercambio de plazas turísticas entre particulares, pero bajo una condición estricta: no se podrá aumentar el número total de plazas, que en el caso de Ibiza están congeladas en 9.000. Esta medida pretende facilitar operaciones legales sin provocar un crecimiento adicional de la oferta turística.
También se abre la posibilidad de reconvertir establecimientos turísticos en viviendas residenciales, con el objetivo de equilibrar usos en zonas con exceso de carga. Para gestionar esta transición, se crea una bolsa transitoria de plazas vacantes, que evitará un descenso brusco en la capacidad de alojamiento mientras se ajustan los techos insulares.
Nuevas zonas saturadas y reconversión turística
El decreto otorga a los consells insulars la competencia para declarar zonas turísticas saturadas o de reconversión, siempre que vayan acompañadas de planes estratégicos. Esta herramienta permitirá adaptar las restricciones a la realidad local de cada isla.
En estas áreas, los establecimientos podrán acogerse a un régimen extraordinario de modernización, que incluye la posibilidad de ampliar hasta un 10 % la superficie edificada, sin aumentar altura ni plazas. Estas zonas tendrán prioridad para recibir ayudas públicas y deberán participar en procesos de certificación de calidad turística.
