Sobrevuela sobre Can Botino el fantasma de una nueva suspensión del planeamiento urbanístico como la que dictó el Tribunal Supremo con el PGOU de 2009 por defecto de forma, lo que ha obligado a la ciudad a convivir con la norma de 1987.
Y es que la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Ibiza ha recibido cuatro recursos contenciosos administrativos en su contra, según publica este jueves el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSBJ) publica los cuatro anuncios en los que da cuenta de la interposición de los recursos contra el acuerdo adoptado el 13 de julio por la Comisión Insular Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (Ciotupha) del Consell de Ibiza para la aprobación definitiva del plan general.
Según las publicaciones, uno de los recursos se ha presentado por parte de propietarios de ses Feixes des Prat de Vila, integrados en la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación número 12 (UA-12).
Otro de los recursos se ha interpuesto por parte del hotel Torre del Mar y los otros dos en nombre de particulares.
La revisión del PGOU de Ibiza se gestó en 2009 y sustituye al Plan General de 1987. La herramienta urbanística entró en vigor el 19 de septiembre dejando en suspenso cuatro unidades de actuación que estaban consideradas como urbanas directas, tres de ellas en ses Feixes de Vila, como Es Pratet, Ca na Glaudis y Jaume Serra, y la cuarta correspondiente a la zona de Cas Mut.
Asimismo, el plan se tendrá que desarrollar en dos fases por una prescripción de la Comisión balear de Medio Ambiente que impide el desarrollo de nuevas áreas hasta la puesta en marcha de la depuradora de Ibiza, prevista para junio de 2024.
Una vez entre en funcionamiento la nueva estación depuradora, se podrá iniciar la primera fase con la edificación de unidades como Ca n’Escadell y sa Joveria. El resto deberá esperar cuatro años, que será cuando comience la segunda fase y podrán edificarse siempre que el Consistorio justifique un ahorro de agua del 15 % en el municipio.
