Sa Unió presentó la noche del viernes el escrito de expulsión del grupo político del que fue su cabeza de lista y todavía es presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba.
En declaraciones a La Voz de Ibiza, el portavoz de la formación, Óscar Portas, confirmó que el escrito fue presentado por registro de entrada después de la reunión conjunta que mantuvieron las ejecutivas de Partido Popular y Compromís amb Formentera durante la tarde del viernes para analizar el texto que durante la mañana había entregado el secretario de la institución, Àngel Custodio.
A fecha de 31 de diciembre, los ocho consellers de Sa Unió justifican la expulsión en «una continuidad de hechos graves» cometidos por Llorenç Córdoba «en contra de la integridad, la moral y la ética de nuestra formación política, así como de nuestra institución». Puede consultar el documento aquí. Expulsió Llorenç Sa Unió – Signat.
Los partidos pidieron al secretario que redactara el citado texto después de que el propio Custodio asegurara en La Voz de Ibiza que no estaba redactando ningún informe, tal como habían venido reiterando en las semanas precedentes los miembros de la coalición.
Según ha podido saber La Voz de Ibiza, la medida tiene escasas consecuencias jurídicas, ya que el presidente mantiene prácticamente todo el poder intacto, salvo algunas limitaciones a la hora de intervenir en los plenos. Sa Unió perderá 200 euros mensuales que ingresa por cada uno de los consellers como asignación.
Salvo cambio de planes, Córdoba no tiene en mente dimitir, ni tampoco cesar a todos los consellers de Sa Unió, ya que necesita un mínimo de cinco consellers para conformar la imprescindible junta de gobierno. Gent per Formentera y PSOE no parecen estar dispuestos a apoyar una hipotética moción de censura para echar al presidente.
Así las cosas, todo parece apuntar a un gobierno inédito presidido por el independiente Córdoba como no adscrito y ocho consellers de Sa Unió.
En la entrevista publicada en La Voz de Ibiza, Córdoba ya restó importancia a esta figura. «La verdad es que no sería agradable (la expulsión), aunque tenga pocos efectos prácticos».
Esta decisión nada tiene que ver con el Parlament, donde solo el propio Córdoba o el portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, pueden pedir la expulsión del grupo para convertirse en diputado no adscrito, decisión carente de toda lógica.
