Al contrario de lo que sucederá en el Consell de Formentera si los ochos consellers de Sa Unió acaban cumpliendo una de sus amenazas y expulsan finalmente al todavía presidente Llorenç Córdoba del grupo político y pasa a ser conseller no adscrito, el diputado autonómico seguirá formando parte del Grupo Mixto del Parlament balear con todos los derechos intactos mientras él quiera.
Córdoba es en la actualidad diputado del Grupo Mixto, junto a los dos parlamentarios de Més per Menorca, junto a los que se sentará a partir de ahora, y la única diputada de Unidas Podemos, también escogida por la circunscripción de Menorca.
Y así seguirá salvo él mismo no solicite pasar a ser diputado no adscrito, algo que no tiene el más mínimo sentido, o bien lo hagan los otros tres diputados del Grupo Mixto, algo que tampoco es probable que suceda.
Derechos parlamentarios
Córdoba perdería los ingresos de grupo y el derecho al asesor a tiempo a parcial y derechos parlamentarios, ya que dispondría de menos oportunidades de presentar preguntas de control al Govern y de menores tiempos de intervención en los debates parlamentarios. Es lo que le sucedió el pasado mandato a Maxo Benalal y en la situación en la que está Francisco Cardona tras abandonar Vox.
Asistente personal
Así pues, Córdoba podrá mantener en nómina del Parlament a su asesora personal Cristina Rubio Coll, abogada que colabora en el despacho del ex presidente del Partido Popular de Baleares, ex vicepresidente del Govern con Gabriel Cañellas, ex presidente del Parlament y ex presidente del Consell de Menorca, el histórico dirigente del PP, Joan Huguet. Rubio Coll cobra un salario de 21.000 euros y está contratada a tiempo parcial por el Parlament.
Córdoba decidió contratar unilateralmente a Rubio Coll sin consultar con los partidos de la coalición electoral cuya lista encabezó.
Asignación mensual
También seguirá pagando el Parlament la asignación de 2.800 euros a la que tiene derecho Sa Unió y cuyo destino es uno de los orígenes de la crisis política que vive Formentera desde hace ya más de 15 días.
Según denunció el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, Córdoba pidió quedarse los 2.800 euros de asignación mensual del Parlament. Córdoba ha admitido haber pedido estos fondos para sufragar el supuesto déficit que le genera la actividad parlamentaria y que ha sido cuestionado por la portavoz de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, ya que «cobra lo mismo que los anteriores diputados por Formentera y ninguno se ha quejado».
Y cobrando menos que el propio Córdoba, ya que sus ingresos provenían exclusivamente de su condición de diputado. Córdoba cobra como presidente del Consell, como diputado y como miembro del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Baleares. En total, casi 90.000 euros al año.
Córdoba se comparó con el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y con otros dirigentes nacionales de la formación que cobran un sobresueldo del partido y/o de los grupos parlamentarios en concepto de gastos de representación. «No es ilegal», justificó.
Sede y campaña
Córdoba aseguró que fue Alcaraz quien pidió ese dinero para el Partido Popular para pagar facturas de la pasada campaña y el alquiler de la sede. Según el acuerdo de coalición, el PP tiene derecho al 60% de la asignación parlamentaria y Compromís amb Formentera, al 40%.
Córdoba expresó su desacuerdo en que la asignación parlamentaria fuera a los partidos políticos porque su fin es «sufragar los gastos de la actividad parlamentaria». «Si no hubiera gastos de la actividad parlamentaria, no habría asignaciones económicas», razonó.
Ingresos del diputado
La asignación que paga el Parlament a cada grupo en función del número de diputados es independiente de la remuneración que cobra cada parlamentario y de las dietas.
Córdoba ingresa 23.000 euros al año en concepto de dieta globalizada parlamentaria, al igual que el también diputado autonómico y presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien ostenta la doble condición de presidente del Consell y diputado autonómico.
Este es el sistema que han acordado los partidos para remunerar a los diputados que no pueden trabajar en régimen de dedicación exclusiva en la cámara balear, bien porque tienen un sueldo de otra administración o empresa, o bien porque tienen una actividad privada.
Dietas
Además, Córdoba tiene derecho a una dieta por cada día que asiste a un pleno o una comisión al Parlament de 210 euros, 120 euros para hotel y 90 para manutención. Los gastos de taxi se pagan aparte, con un tope de 150 euros al mes. Y los billetes de avión y barco son sufragados directamente por el Parlament.
En cualquier caso, Alcaraz ha venido explicando que si los ingresos descritos son insuficientes para cubrir gastos debidamente justificados derivados de la actividad parlamentaria de Córdoba, serían sufragados con la asignación de grupo, propuesta que no sirvió para evitar la crisis.
Según ha explicado Córdoba en varias ocasiones, los 14.000 euros que ha cobrado aproximadamente Sa Unió por la actividad parlamentaria están en una cuenta corriente.
A la espera de que se resuelva la crisis.
