Laberinto en Formentera. Ni el secretario del Consell ha redactado un informe jurídico escrito que determine, finalmente, las consecuencias de expulsar al presidente, Llorenç Córdoba, del grupo político de Sa Unió y se convierta en conseller no adscrito. Ni la Abogacía de la Comunidad Autónoma está redactando dictamen jurídico alguno porque, salvo excepciones, su cometido es asistir exclusivamente al Govern. Ni, por ahora, el Consell de Formentera ha pedido dictamen alguno a otro organismo como el Consell Consultiu porque dicha petición es competencia exclusiva del presidente o bien del Pleno, órgano cuya convocatoria es también competencia exclusiva del presidente, y que no ha solicitado dictamen al respecto alguno.
“He emitido informes verbales sobre las consecuencias de la eventual expulsión del presidente del grupo de Sa Unió y que se convierta, en su caso, en conseller o presidente no adscrito. Pero no un informe jurídico determinante y final porque para ello es necesario que el hecho de la expulsión se produzca o sea una evidencia y, sobre todo, hay que tener en cuenta que no se conocen, por completo, las consecuencias reales que tendrá dicha medida por lo que también hay riesgo de impugnación de todos los actos», ha explicado a La Voz de Ibiza el secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro.
El jurista ha admitido haber hecho numerosos informes «oficiosos» verbales recopilando la normativa, tanto para el presidente como para Sa Unió y la oposición.
Más incertidumbre
Así pues, el nuevo capítulo sobre el misterioso informe jurídico que Sa Unió dice estar esperando desde hace semanas para justificar el retraso en la presentación del escrito de expulsión de Llorenç Córdoba que sus portavoces dicen tener firmado por los ocho consellers del gobierno insular, cinco del PP y tres de Compromís, suma un nuevo capítulo a esta historia de despropósitos y añade más incertidumbre a este cúmulo de situaciones contrapuestas y llenas de aristas, de auténtico laberinto.
Además, el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, ha negado en declaraciones a La Voz de Ibiza que Sa Unió esté esperando un informe jurídico de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Informe externo a través del PP
«El informe externo que estamos esperando lo hemos gestionado desde el PP de Baleares», ha aclarado el también vicepresidente tercero del Consell de Formentera, quien ha insistido en que están en contacto con el secretario y que la petición de expulsión será presentada con efectos a día 31 de diciembre en los próximos días.
La Voz de Ibiza no ha podido recabar la versión del portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, al respecto.
Fuentes de la Conselleria de Presidencia a la que está adscrita la Abogacía de la Comunidad Autónoma han explicado a este medio que las funciones del órgano son «exclusivamente» la defensa y representación en los juicios de la Comunidad y el asesoramiento jurídico a la presidenta y el Govern. Y, por lo tanto, no cabría la petición de un dictamen que evalúe el presente caso.
El secretario del Consell ha aclarado, no obstante, que el Govern tiene la obligación de auxiliar al Consell de Formentera por falta de servicios y en atención al especial régimen de la institución como Consell insular unimunicipal, en virtud de la disposición adicional tercera de la Ley de Consells de 2022, para que lo que sería necesario un informe del propio secretario a petición de la Presidencia del Consell, como hasta el día de hoy se han venido interpretando estas cuestiones, y siempre que la petición de auxilio sea razonada y justificada.
Consell Consultiu
Y ha añadido que el único que podría pedir el citado informe a la Abogacía de la CAIB es el presidente. En cualquier caso, sería vía solicitud muy justificada de un dictamen al Consell Consultiu, otro órgano asesor.
Tendrían que ser el presidente o el Pleno los que solicitaran dicho informe. Y el Consultiu podría estimar que dicha petición carece de legitimación, si no se justifica correctamente el asunto como de relevancia notoria que pueda afectar directamente al ámbito de las respectivas competencias del Consell Insular de Formentera.
«Laberinto, ¿con salidas bloqueadas?»
«Todo, todo, todo es muy difícil. Todo son eventuales futuribles. Estamos en un laberinto, y no se sabe bien si las salidas están bloqueadas o si hay salidas conocidas», aclara.
Las consecuencias
En cuanto a las consecuencias de la expulsión de Córdoba del grupo de Sa Unió, Alcaraz y Portas han venido explicando en las últimas semanas que el principal efecto es que el presidente dejaría de poder participar en las juntas de gobierno que, en cambio, ha de convocar él mismo.
Así, según esta versión, un no adscrito no puede formar parte de la junta de gobierno, lo que abocaría a la institución a la ingobernabilidad, ya que dicho órgano es esencial y debe ser convocado por el presidente una vez a la semana como mínimo.
Comisiones informativas
Tampoco podría asistir a las comisiones informativas previas al pleno el presidente que convoca el pleno. También podría tener consecuencias en el salario que percibe el presidente y hay dudas de si tiene derecho a percibir una dedicación exclusiva.
«Casi imposible»
El secretario ha evitado valorar con rotundidad las consecuencias porque «nadie las sabe en realidad». «No puedo ni quiero opinar porque todo es muy complicado, casi imposible».
«La situación es inédita. Hay un elevado riesgo de que las partes acaben impugnando todas las decisiones y de que sea el Tribunal Superior de Justicia quien determine la validez de los actos y genere jurisprudencia», ha añadido.
«¿La condición de no adscrito es de aplicación al presidente o solo a un conseller? ¿Prevalece la condición de presidente sobre su condición de miembro de un grupo político? ¿Estaríamos ante una moción de censura encubierta presentada sin mayoría absoluta?», se ha preguntado el secretario.
«Es un escenario desconocido -ha continuado- y muy difícil, casi imposible, ya que es un caso que no está legislado y que parece un campo de minas porque tocas una cosa y luego salen varias contradictorias«.
Ley de Consells
Por si fuera poco, Formentera, al igual que otras islas, está a las puertas de incumplir la Ley de Consells, ya que no tendrá actualizado su reglamento orgánico antes del 8 de febrero. «No se ha hecho nada y después de su aprobación inicial ha de pasar por el Consell Consultiu por lo que cabe preguntarse si será de aplicación la ley», ha añadido el letrado.
El secretario de la Corporación ha recordado que Córdoba no puede cesar a todos los consellers porque los necesita para configurar la Junta de Gobierno, ya que Formentera no puede nombrar consellers no electos. Y que la hipotética renuncia de los ocho consellers de Sa Unió ha de ser aceptada por el presidente, precisamente para evitar quedarse gobierno y sin quorum en la imprescindible Junta de Gobierno, tal como ya había informado La Voz de Ibiza tras su entrevista en Ràdio Illa.
Parlament
Cuestión muy diferente es la situación en el Parlament. Aquí Córdoba tiene blindada su condición de diputado del Grupo Mixto, ya que solo él o el portavoz del Grupo Mixto, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, pueden solicitar su conversión en diputado no adscrito, lo que no tiene ningún sentido.
Pasar página
A la espera del próximo movimiento de Sa Unió, el presidente del Consell sigue defendiendo que la mejor opción es pasar página sin consecuencias, tal como afirmó en una entrevista a La Voz de Ibiza, la primera concedida a un medio escrito y Sa Unió, que los puentes están rotos después de haber llegado demasiado lejos.
Mientras la oposición de Gent per Formentera y PSOE observa atónita la voladura del gobierno de centro derecha y no se presta ni a apoyar a Córdoba ni a apoyar una moción de censura.
Así las cosas, esta semana, el Consell de Formentera recuperará la anómala normalidad que vive desde finales del mes de noviembre cuando estalló una crisis que parece no tener fin.
