El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reclamado el lunes la necesidad de modificar la Ley de Actividades para poder avanzar en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, un problema que “se ha entendido y que no es exclusivo de Ibiza”, y contra el que en Ibiza llevan «cinco años de trabajo extenso y serio” que han demostrado que “los cambios legislativos son extremadamente necesarios”.
Lo ha hecho durante la primera Conferencia de Presidentes de Consells de la legislatura, celebrada en Mallorca, y después de que hayan transcurrido cinco meses sin colocar un solo precinto.
De hecho, tal como avanzó la La Voz de Ibiza, el Consell de Ibiza trabaja aún sobre el procedimiento a seguir para poder aplicar un precinto en un piso turístico clausurado, la medida que todo el sector ansia por el carácter disuasorio que espera que tenga y que a la vista de los antecedentes no llegará esta temporada. Aún ni siquiera tiene fecha de implementación y solo es un proyecto el protocolo.
La última modificación realizada por el Govern balear, vía decreto de medidas urgente en materia de vivienda del 2 octubre de 2023, dio la posibilidad a los consells de que apliquen clausuras temporales a las viviendas turísticas que estén operando sin licencia.
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, se trató de una modificación legislativa muy simple. El decreto incluye la modificación del apartado b del punto 2 del artículo 128 de la Ley 8/2012 de Turismo al que se añadió la frase «o una vivienda de uso turístico» quedando de la siguiente manera: «la clausura temporal del establecimiento o de la vivienda de uso turístico».
Tal como advirtió, el vicepresidente de la Caeb en su momento, José Antonio Roselló, el citado cambio se ha demostrado insuficiente. «Endeble», fue el calificativo utilizado por Roselló, quien reclamó cambios más profundos en la Ley General Turística, la Ley de Actividades, tal como ahora hace Marí, y en la Ley General Tributaria, que depende del Estado.
La modificación se está demostrando hasta la fecha inocua en la lucha contra el alquiler turístico ilegal y en la práctica no exhibe buenos resultados.
El fondo de la cuestión es que el domicilio es inviolable según la Constitución. Y, por lo tanto, la legislación ha de reflejar que ha perdido esa condición para que los jueces puedan aplicarlo. Todo ello, mientras no haya un pronunciamiento en contra del Tribunal Constitucional.
La petición a Prohens
La presidenta del Govern de las Islas Baleares, Margalida Prohens, se ha comprometido, “a petición del Consell de Ibiza”, a estudiar las modificaciones legislativas necesarias “para considerar el alquiler turístico ilegal como una infracción en materia de Actividades”.
Esto supondría, ha explicado Vicent Marí, que las policías locales “puedan actuar si alguien decide alquilar un piso o una casa ilegalmente, aprovechándose de nuestra isla, sin reportar ningún beneficio a la sociedad”.
Según el presidente, esto es una visión que “llevamos años explicando desde el Consell y que ahora, por fin, se escucha”.
Colaboración de las policías
En este sentido, el presidente Vicent Marí ha avanzado que los ayuntamientos y el Consell ultiman la redacción de un protocolo, que fue inicialmente aprobado en el marco del Consell d’Alcaldes, que permitirá contar con la colaboración de los cuerpos de policías locales de la isla.
Aun así, el presidente ha recordado que la que realmente será una herramienta de disuasión será la posibilidad de dotar los inspectores y policías “de herramientas legislativas que permitan adoptar medidas para parar inmediatamente la actividad ilegal en un piso o en una casa que ha dejado de ser un hogar para convertirse en un hotel”.