La última modificación realizada por el Govern balear, vía decreto de medidas urgente en materia de vivienda del 2 octubre de 2023, de la legislación turística da la posibilidad a los consells de que apliquen clausuras temporales a las viviendas turísticas que estén operando sin licencia.
Sin embargo, cinco meses después, no solo no se ha colocado precinto alguno en Ibiza sino que no hay plazo para estrenar la medida estrella para luchar contra el alquiler turístico por el carácter disuasorio que tendría la foto de un piso precintado.
Mientras, proliferan anuncios de establecimientos sin licencia turística que se comercializan en Internet, si bien hay síntomas e indicadores de una disminución de dichas prácticas como consecuencia de las inspecciones y sanciones del Consell de Ibiza.
«Es un proceso que está en marcha pero aún no ha entrado en plena vigencia», explica a La Voz de Ibiza Mariano Juan Colomar, vicepresidente primero y conseller ejecutivo del Departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.
Mucho ruido y pocos precintos
El decreto en cuestión, que equiparó en una frase una «vivienda de uso turístico» a un establecimiento turístico, abrió la puerta a las clausuras temporales de pisos que se comercializan sin licencia en plataformas como Airbnb.
La modificación legislativa que permite la clausura de viviendas turísticas que se estén comercializando sin licencia levantó una gran expectación en el sector turístico, tanto que el gerente de la asociación Ocio Ibiza José Luis Benítez, calificó los cambios como «una de las noticias» del 2023.
Pero por ahora no hay portada, aunque Mariano Juan expresa que «hay voluntad».
Lo cierto es que el antes y el después que prometía la medida por ahora solo es una intención. El vicepresidente de Caeb, José Antonio Roselló, ya advirtió que eran necesarias más reformas legislativas para poder combatir eficazmente contra el alquiler turístico ilegal.
Ante la consulta de La Voz de Ibiza el conseller ha indicado que los «juristas del departamento están diseñando los modelos de resolución que hay que aprobar: la propuesta, la audiencia, la adopción de la medida y los recursos que puedan poner. Es un procedimiento administrativo por diseñar«.
El procedimiento todavía no tiene fecha de inicio
«Es un procedimiento administrativo que tiene fases y el precinto es la última de todas estas. Primero se debe detectar el anuncio, detectar los turistas dentro del piso, dictar la orden para que se cese la actividad y si se comprueba por segunda, tercera o cuarta vez que no se cumple con eso, se precinta con autorización judicial para ejecutar forzosamente esa orden cautelar. Evidentemente a la última parte no hemos llegado. Estamos diseñando los procedimientos de orden cautelar o de suspensión cautelar que luego tendremos que ejecutar forzosamente si no se cumple», confiesa Mariano Juan. Asimismo, respecto a los plazos previstos para la implementación, el conseller fue claro: «No podemos dar esa estimación».
«Cuando se tenga diseñado la implementación del procedimiento interno es cuando se empezará con los nuevos procedimientos que se abran, con todos los pisos que se vayan encontrando nuevos: ahí es cuando se irá implantando este procedimiento accesorio al principal», complementa el titular del Departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.
La vía penal
En ese sentido, Juan destaca el hecho de que si el titular no cumple la medida cautelar de suspensión de la actividad, «podemos estar hablando de un delito de desobediencia a la autoridad pública y ya sería parte de un procedimiento penal, no solo una cuestión administrativa, o una cuestión de la administración del Consell, sino que sería una cuestión de justicia del orden penal».
Lucha contra el alquiler turístico ilegal
El 2 de octubre de 2023 el Govern aprobó el Decreto ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda en los municipios de las Illes Balears, donde introdujo en una modificación de la Ley del Turismo de las Illes Balears para reforzar la lucha contra la oferta ilegal, la actividad clandestina y el intrusismo en el alquiler turístico de viviendas, para poder actuar de manera efectiva, y con el fin de poder devolver al mercado residencial viviendas que se destinan de manera irregular a un uso turístico.
El mismo se consideraba como el primer paso para corregir los efectos provocados por la Ley 6/2017, en relación a la comercialización de estancias turísticas en viviendas y, en particular, en viviendas residenciales sometidas al régimen de propiedad horizontal
En ese marco surgió el Decreto ley que dota a la inspección turística competente de la facultad de adoptar medidas provisionales para la paralización de la actividad ilegal en el ejercicio de las estancias turísticas en viviendas. Así, dentro del capítulo del procedimiento sancionador previsto en la Ley de Turismo, entre las medidas provisionales, se establece como nueva medida provisional la clausura temporal del establecimiento o de la vivienda de uso turístico.
