La movilidad es una de las responsabilidades que ha sumado Mariano Juan al ya amplio catálogo de materias que gestionó la pasada legislatura tras la salida del gobierno de Javier Torres de Ciudadanos.
-La movilidad está siendo fuente inagotable de noticias en los últimos meses gracias a la irrupción de Uber, a la tramitación de la nueva ley, a la petición, con la boca más pequeña o más grande, de una área de prestación conjunta por parte de los taxistas. ¿Qué valoración hace la ley?
-La ley es buena en general. Ha incluido cosas que se venían reclamando desde hace tiempo, como por ejemplo la creación de áreas de prestación conjunta y demandas históricas como los taxis de siete plazas, que finalmente han sido de nueve, y que han dejado de requerir un reglamento, que los taxis estacionales, tal como venían reclamando los ayuntamientos puedan trabajar más de seis meses ante las temporadas cada vez más largas que tenemos.
El Govern está trabajando en una app pública para el taxi, lo que facilitará su modernización y competitividad. Destaco también que la ley faculta a los ayuntamientos para sancionar los incumplimientos de la orden de carga en las paradas municipales, lo que es especialmente relevante en el caso del aeropuerto. Se ha escuchado a Ibiza y se han hecho cosas importantes.
En sentido contrario, la moratoria ha generado un perjuicio a los ayuntamientos que habían iniciado la tramitación de la concesión de nuevas licencias fijas. Sería deseable que esta cuestión sea aclarada porque no es de recibo que se hayan suspendido las adjudicaciones. Es lógico que haya una moratoria para hacer el estudio sobre el que se basará el futuro decreto, pero no que afecte a las licencias en tramitación, lo que supone un quebranto presupuestario.
-No ha mencionado que la ley permite a los consells redactar un reglamento para regular las licencias estacionales de taxi…
-Efectivamente. Se ha aclarado expresamente esta posibilidad. Antes de entrar en este asunto, esperaremos al decreto que antes de un año ha de aprobar el Govern. Es importante conocer el estudio sobre los números objetivos de taxis y de VTCs.
-Supongo que leyó la entrevista que publicó La Voz de Ibiza a Joan Marí Riera, de la Agrupación de Autotaxi, en la que detalla una serie de malas praxis e ineficiencias que ponían los pelos de punta.
-Sí. Me pareció muy interesante que dijera públicamente cosas que ya conocíamos. Él es conocedor de la realidad y, por lo tanto, una voz autorizada. Lo relaciono con lo que le he dicho antes de que la nueva ley permite a los ayuntamientos sancionar los incumplimientos de la orden de carga y que ha generado cierta conflictividad, con enfrentamientos personales físicos entre taxistas.
Un taxi es un servicio público que disfruta de una concesión pública y, por lo tanto, representa el poder público y a la administración y así debe actuar. En ocasiones, se olvida que el servicio público supone obligaciones y deberes. Usted, taxista, trabaja para la administración y es obligatorio un decoro y un compromiso con el servicio público. Es importante que los ayuntamientos puedan sancionar estas malas praxis.
-Esta es otra de las cuestiones que quedarían resueltas con la creación de una área de prestación conjunta que pide el sector, con la boca pequeña en mi opinión y ante cuya creación se ha mostrado favorable el presidente Vicent Marí.
-Creo que se la da demasiada importancia a la creación de una área de prestación conjunta porque la orden de carga y descarga ya establece las condiciones en las que un taxi puede operar en otro municipio, lo que supone que prácticamente tenemos una área de prestación conjunta. Es verdad que la creación de la misma supone ciertas ventajas, como la creación de un órgano gestor y una estructura administrativa para gestionar el sector. Es interesante pero no es la panacea.
Lo que no queremos es quitar competencias a los ayuntamientos para que las tenga el Consell Insular. Si los ayuntamientos quieren crear una área de prestación conjunta, crearemos el órgano mancomunado donde todos los ayuntamientos tendrán voz y voto.
-Yo discrepo, veo muchas ventajas en la unificación del servicio y un gran avance. Es cierto que a veces no es tan importante el qué como el cómo y que se puede conseguir una gestión unificada del sector sin una área de prestación conjunta, pero la mejor manera es hacerlo a través de una área de prestación conjunta para que haya un régimen sancionador único, un plan de estacionales único, un criterio para nuevas licencias único… Se han inventado para resolver estas cuestiones y creo que si no se crea, será una oportunidad perdida de mejorar un servicio cuyo desempeño suscita críticas unánimes porque la orden de carga es ineficiente, entre otras cosas. Algo hay que hacer y usted es el responsable de Movilidad.
-Por eso digo que es interesante, pero que la competencia es municipal y no se la podemos, ni queremos, quitar. Legalmente, el taxi depende de los ayuntamientos. El Consell tiene un papel residual en este ámbito, al contrario que en el transporte público. Ahora tenemos una ley que facilita la creación de una área de prestación conjunta. No tenemos un interés especial y, además, no tenemos recursos, ni estructura ni capacidad para hacerla porque depende los ayuntamientos.
Si la orden de carga no funciona no es porque esté mal diseñada, sino por el incumplimiento de la orden de carga y la falta de un régimen sancionador, que es una de las variables de este asunto. Hay que empezar por allí. Insisto que la ley permite a los ayuntamientos sancionar dichos incumplimientos.
El pecado original es que algunos taxistas, no los quiero llamar piratas pero sí jetas, incumplen la orden de carga sin que les pase nada, lo que favorece que otros que no la quieren incumplir, también la acaben incumpliendo.
-Para ello necesitan que los propios taxistas de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Eivissa (FITIE) que son los que gestionan el GPS insular faciliten la información a los ayuntamientos. ¿Le parece lógico este sistema?
-No parece muy lógico. Lo normal es que la gestión del GPS fuera pública, no que esté en manos de los propios taxistas. Tendremos que entrar en esta cuestión y ver cuál es la mejor fórmula de colaboración público privada para la gestión del GPS. La administración tiene que tener el control del GPS, no tengo ninguna duda.
-La ley también les permite hacer un reglamento para el GPS.
-Sí. Nosotros tenemos el botón rojo para hacer un GPS público. Lo lógico es que lo consensuemos entre todos. Es algo de lo que tenemos que hablar, haya o no haya área de prestación conjunta.
-¿Manejan algún calendario?
-Vamos a esperar al final de la temporada para tomar una decisión. Lo urgente era que los ayuntamientos adelantaran las licencias estacionales y lo han hecho, al igual que el Consell, que también ha adelantado líneas de autobús estacionales.
–Han anunciado un plan específico para combatir a los taxis piratas.
-Aquí también es fundamental la colaboración de la Guardia Civil, a quien felicito, al igual que a la Policía de Sant Josep. Gracias a ellos nuestra eficacia en la inspección está aumentado muchísimo, tanto que el año pasado tuvimos que ampliar el contrato con el depósito de coches porque retiramos más de 100 vehículos. La recaudación también está siendo espectacular y estamos en máximos históricos.
-No es Uber quien incumple sino los titulares de la licencia. Hasta que el Tribunal Constitucional no diga que es ilegal la precontratación, la sancionaremos cada vez que detectemos un caso. Guste o no guste, está en el ordenamiento y hay que cumplirlo. Llevamos 14 sanciones y ahora habrá un largo recorrido judicial.
