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EL DESEMBARCO DE UBER

El Consell de Ibiza se adelanta al Govern y sanciona a Uber por incumplir la precontratación obligatoria

Los técnicos de Transportes ya han interpuesto cuatro denuncias
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Vista desde el interior del Toyota Corolla prestando el servicio de Uber.

El Consell de Ibiza ha decidido actuar contra la treta de Uber para prestar con vehículos VTC un servicio muy similar al del taxi. Hasta ahora, los técnicos de la institución estaban esperando a que otras regiones en los que la plataforma hubiera desembarcado antes para conocer cuáles son los criterios jurídicos empleados antes de cumplir con la instrucción del conseller de Transportes, Mariano Juan, de inspeccionar y sancionar.

Ante la pasividad de las administraciones que no contestan, bien porque no sancionan como el Govern balear, bien por desidia como el Ayuntamiento de Barcelona, y la evidencia de que no hay todavía sentencia de ningún juez que determine si el modus operandi ideado por Cabify y replicado por Uber es legal o ilegal, los técnicos del Consell de Ibiza se han puesto manos a la obra y de momento ya han sancionado a cuatro VTC cuyos servicios eran comercializados a través de Uber por incumplir la media hora de precontratación.

Así lo han asegurado a La Voz de Ibiza desde la institución ibicenca la mañana de lunes.

Sanciones

Las sanciones son tramitadas contra el titular de la licencia de VTC, no contra la plataforma. Se mueven entre la horquilla de los 400 euros de una sanción leve y los 1.000 de una sanción muy grave.

Hasta ahora, los técnicos de Transportes del Consell de Ibiza nunca habían sancionado a un vehículo con licencia de VTC por incumplir la media hora de precontratación establecida en la ley balear, ya que el servicio de VTC tradicional no compite con el taxi.

El servicio de Uber no se diferencia de un servicio de taxi solicitado a través de una aplicación salvo que el precio se conoce de antemano y se paga en la plataforma no al taxista. A todos los efectos, es un taxi sin serlo.

La media hora de precontratación ha sido uno de los motivos de controversia entre el sector del taxi y el Govern balear, ya que inicialmente el PP era partidario de eliminar la precontratación, al entender que dicha restricción será tumbada por el Tribunal Constitucional. Finalmente, el PP se sumó a la tesis del PSOE, rectificó y acabó apoyando la toma en consideración de la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista al conocer las intenciones del departamento de Marta Vidal.

Finalmente, la toma en consideración de la proposición de ley salió adelante por unanimidad. Vox se había comprometido con los taxistas a facilitar la tramitación parlamentaria. 

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