La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha levantado el secreto del Caso Puertos y devela la existencia de una pieza que imputa varios delitos. El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torella, es imputado por cohecho y tráfico de influencias tras haber detectado el cobro de mordidas de una empresa de catering por trabajos facturados a Autoridad Portuaria.
En abril de 2020 comenzaron las actuaciones bajo secreto y en julio de ese mismo año fueron detenidos el ex presidente de la APB bajo la legislatura de Francina Armengol y otros directivos de la Autoridad Portuaria. En ese momento, la causa se dividió en nueve piezas diferentes y algunas se mantuvieron bajo secreto como los vínculos de Gual de Torrella con la empresa Plumbago SL (Turquesa Catering); indicios de presuntos actos de favorecimiento a Sitges Reunides y Transpulve 2009 en Alcúdia; e indicios de favorecimiento entre la abogada del Estado Dolores Ripoll (asesora de la APB) y su marido en la contratación con la APB, a través de una empresa interpuesta.
En la pieza relativa al catering, la jueza aprecia indicios de posibles delitos de cohecho, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Se le imputa a Gual de Torrella haber mantenido relaciones de control e interés económico en Plumbago mientras ésta contrataba con la APB. Aparentemente, habría comunicaciones personales intervenidas y flujos económicos que constatarían esta relación entre las partes.
El auto reseña que, mientras Gual de Torrella ocupó la presidencia de la APB entre 2015 y 2020, el organismo realizó al menos 24 pagos a la empresa por valor de más de 62.700 euros. Además, se señala al administrador de la entidad como el facilitador para el beneficio económico sin que se advirtiera su participación, ocultándola y remunerándola.
El pasado 16 de abril la Guardia Civil registró el domicilio de la empresa y el Jugado está a la espera de recibir el informe de los agentes tras analizar la documentación intervenida. La instructora recuerda que la información alrededor del caso es enorme, con más de 300.000 correos electrónicos estudiados y a la espera de la apertura de una caja de seguridad bloqueada.
Niega todo
En todas sus comparecencias, Gual de Torrella ha negado cualquier actuación irregular, dando explicaciones sobre cómo se desarrollaron las concesiones y quiénes intervinieron, y sosteniendo en todo momento que se hicieron de acuerdo a la legalidad.
Esto aplica para todas las líneas de investigación, incluyendo la causa en la que se investiga si se benefició a Marina Asmen en el concurso para la gestión de amarres en Mahón, las concesiones de astilleros y una adjudicación de Formentera.
La conexión entre todos estos hechos es la presidencia de Gual de Torrella en la APB; junto a Juan Carlos Plaza como director y Dolores Ripoll en calidad de asesora. Otros investigados en el procedimiento principal son el jefe del área de gestión y el jefe del área de explotación.
