La Fiscalía de Ibiza solicita al Juzgado de Instrucción número 3 de la isla que cite como investigados a los responsables de la reforma del chalé propiedad del exfutbolista Marco Borriello, al que se le atribuye un supuesto delito contra la ordenación del territorio por diversas obras sin título habilitante alguno para ello e invadiendo zonas medioambientalmente protegidas. La fiscal Natalia Gaspar pide a la juez Carmen Martín Moreno que interrogue a Camila Lapucci, representante legal del estudio de arquitectura e interiorismo Cipiuelle Firenze y redactora del proyecto del estudio realizado en la casa del procedimiento.
También, piden que interroguen al representante legal de la empresa Procasa Balear de Obras SL, «al constar como constructor de la citada obra» y al representante legal de Rehab Y Con Ex SL, «que aparece como constructor», según ha informado El Español.
Recientemente, la juez propuso juzgar al exfutbolista italiano Marco Borriello por las obras de ampliación de su chalé de lujo en la costa de Ibiza. La magistrada le atribuye un supuesto delito contra la ordenación del territorio. Por su parte, el abogado defensor, Víctor Soriano i Piqueras, ha impugnado esta decisión y el Ministerio Público solicita que la instrucción se retrotraiga para que sean citadas a declarar las personas mencionadas.
El italiano ordenó edificar una piscina, una escalinata de acceso a la costa, obras en el jardín, un párking, obras de planta nueva y realizar «excavaciones, cimentaciones» y labores de «reforma y ampliación» del chalé.
El informe del Consell
El origen de este procedimiento penal se deriva de las conclusiones de un informe del Consell de Ibiza, que desveló que la reforma de la villa de lujo no contó con las debidas licencias y ocupó ilegalmente terreno protegido en Sant Josep, el cual actualmente está disponible para alquilar.
Una vez redactado el informe del Consell, el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Ordenación Turística del Gobierno de Ibiza le impuso una multa de 1.265.958 euros. No obstante, el expediente sancionador quedó suspendido al iniciarse el procedimiento judicial.
El valor total de las obras realizadas fue de 460.348,48 euros y algunas de ellas, tal y como alertó el Consell en su informe, «no son legalizables» a través de la amnistía urbanística. Como respuesta a ello, Borriello ha ordenado derribar elementos que no puedan ser legalizados.
