El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto de 2022 que modificó el reglamento general de costas por omisión del trámite de consulta pública, en una sentencia en la que estimó el recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Formentera. Sin embargo, el caso no termina allí y hoy hubo un encuentro entre miembros de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y afectados al respecto.
En el encuentro se han debatido posibles modificaciones legislativas que permitan una gestión más eficaz y equitativa del dominio público marítimo-terrestre en Formentera y se han tratado temas como la necesidad de adaptar la Ley de Costas a los cambios físicos y legales específicos del deslinde en Formentera, así como la importancia de mejorar la gestión de la conservación de dunas, enfatizando la protección de las características únicas del entorno insular.
«Estamos comprometidos a desarrollar políticas que no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también fomenten un desarrollo sostenible y equitativo para Formentera», ha señalado el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien ha reiterado que «es vital equilibrar la conservación ambiental con las necesidades económicas y sociales de la comunidad».
El encuentro ha concluido «con un compromiso renovado de continuar las conversaciones y trabajar en conjunto para revisar las propuestas legislativas que reflejen una comprensión profunda y completa de las dinámicas locales y las necesidades de la comunidad de Formentera», han asegurado desde el Govern.
Punto de debate
Uno de los puntos que se ha conversado en este encuentro entre Lafuente, el director general de Costas y Litoral, Carlos Simarro, y miembros de la Plataforma de Afectados por el Deslinde en Formentera, es como el reglamento confiscaba propiedades.
Es por ello que se ha puesto en común la lucha llevada a cabo para que edificios y propiedades de la isla pitiusa, con todos los permisos necesarios, no se vean afectados adversamente por el Reglamento General de Costas.
