El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley para que los funcionarios que trabajan en las prisiones españolas sean considerados agentes de la autoridad, un reclamo que resurgió tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona.
Con esta reforma legal, el PSOE propone modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para dejar claro que los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias, en el ejercicio de sus funciones, tienen «a todos los efectos legales» el carácter de Agentes de la Autoridad, «pudiendo identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».
Con este cambio se busca dar respuesta a las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, ya que, al ser declarados agentes de la autoridad, «se otorga seguridad jurídica al trabajo que realizan y se evita que se dicten decisiones judiciales dispares«, según el texto al que accedió Europa Press.
Protección e indemnización
En este sentido, remarcan que en los procedimientos disciplinarios sancionadores que se instruyan, los informes emitidos por los funcionarios penitenciarios que hubiesen presenciado los hechos «constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles».
Asimismo, el PSOE blinda la seguridad de los funcionarios penitenciarios ante el supuesto de que ingresen en prisión por una sentencia condenatoria, para lo cual aseguran su separación de otro tipo de internos. Por último, proponen proteger a los funcionarios de prisiones con una indemnización, por parte de la Administración, en el caso de que sufran daños materiales o personales como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre y cuando no se haya producido una negligencia grave.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que una ley de este tipo se debate en el Pleno del Congreso. En marzo de 2022 el grueso de los grupos parlamentarios ya respaldó la tramitación de una propuesta similar de los socialistas, pero después se fueron prorrogando los plazos de enmiendas y la reforma decayó con la disolución de las Cortes.
Aunque no son el único grupo parlamentario que busca dar respuesta a esta reivindicación, tanto el PP como Vox tienen también registradas en la Cámara Baja sus propias proposiciones de ley para reconocer a todos los efectos legales la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios penitenciarios, por lo que previsiblemente su toma en consideración debería salir adelante.
