En el marco de la reciente reapertura de la causa que investiga la trama del Ibassal han salido a la luz más correos electrónicos que exponen otra faceta en la trama de manipulación y obstrucción contra el proceso de acreditación de la compañía Mare Nostrum.
Estos correos, presentados como pruebas adicionales junto con los ya conocidos intercambios que implican a Iago Negueruela, insisten en revelar la colusión entre el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) y el Ministerio de Trabajo.
Ante ello, es que se han aportado otros correos electrónicos que revelan la coordinación entre IBASSAL y el Ministerio de Trabajo para emitir informes desfavorables y obstruir deliberadamente el proceso de acreditación de Mare Nostrum S.L. Estos implican a Daniel Company, Yolanda Robledo Culebras, José-Carlos Álvarez Toral y Sara Dols Ochoa, y abarcan fechas clave como el 4 de marzo, el 1 de junio y el 20 de noviembre de 2020, detallando estrategias para asegurar informes negativos y sanciones.
La solicitud de reapertura de diligencias, fechada el 27 de mayo de 2024, presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma de Mallorca, ha añadido un nuevo capítulo a la controversia que se complementa con la decisión del Juez de reabrir la investigación.
Dicha petición se produce después de que se dictaran varios sobreseimientos provisionales que, según la empresa denunciante, no habían abordado de manera adecuada las pruebas presentadas por Mare Nostrum S.L.
Más correos entre los implicados
El primer mensaje de tono comprometedor está fechado el 4 de marzo de 2020 y muestra a Yolanda Robledo Culebras, Directora Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, asegurando a Daniel Company Oliver, funcionario de IBASSAL, que el informe será desfavorable para evitar la acreditación de Mare Nostrum S.L.
En su mensaje, Robledo afirma con rotundidad que «todo está bajo control, nuestro informe saldrá desfavorable para que no les deis acreditación» , dejando en claro la intención de manipular el resultado del proceso de acreditación.
Otro envío, fechado el 22 de marzo de 2020, expone a la inspectora de trabajo Sara Dols Ochoa enviándole a Company que acababa por terminar su informe, que tal como le había pedido el propio Company, ponía desfavorable y expresaba un artilugio respecto a la contratación de una médica que serviría como argumento para ir por la negativa, con el informe preparado por también la propia Diconsal.
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Company Oliver, por parte, explica que ya se ha solicitado a Mare Nostrum S.L. la documentación necesaria para justificar un informe desfavorable: «Buenos días Daniel: Tal y como me dijiste por vía telefónica, ya le he solicitado a Mare Nostrum las altas del personal, para que así los dé de alta y tengamos una excusa para que el informe salga negativo. Mi superior José Carlos Álvarez está al corriente de todo.»
Como denuncia la empresa, dicha indicación además es comprobable con el mail recibido antes por Mare Nostrum donde se le indica la documentación que debe ser remitida al correo electrónico el próximo 4 de junio 2020, en referencia a «[email protected]», es decir Sara Ochoa.
A esto, resulta igualmente llamativo que la petición era sobre altas de personal, algo que no debió haber sido solicitado ya que Mare Nostrum aún no era servicio de prevención, por lo que se exigía sin sentido.
Finalmente, un correo del 20 de noviembre de 2020 muestra a Daniel Company Oliver comunicándose con José-Carlos Álvarez Toral y Mario Guillén, de la Fundación Laboral de la Construcción, exponiendo una estrategia para sancionar a las empresas asociadas con Mare Nostrum S.L. y asegurar la monopolización del mercado por parte de la Fundación Laboral de la Construcción.
En su mensaje, Company Oliver detalla: «Buenos días: Tras la reunión de hoy que hemos realizado, destacar lo siguiente: Ir a machacar a Mare Nostrum. Por lo que diploma de Mare Nostrum de formación en PRL, en el sector de la construcción, que sea objeto de inspección de trabajo.»
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Este e-mail es el que menciona los pagos a Negueruela al decir que José Carlos Álvarez ya ha comunicado a los inspectores para que propongan sanciones a las empresas de Mare Nostrum, y añade: «Nosotros desde sanciones en el IBASSAL, beatificaremos todo, ya que Yago Negueruela os va a poder dar unas buenas subvenciones. Yo recibiré una cuantía de 15.000 € por defender a la Fundación Laboral de la Construcción. José Carlos Álvarez recibirá 15.000 € y Iago Negueruela 25.000 €.»
Las acusaciones
A partir de los correos electrónicos revelados, Mare Nostrum S.L. presenta graves acusaciones judiciales que señalan una colusión explícita entre funcionarios del IBASSAL y del Ministerio de Trabajo para obstruir su proceso de acreditación.
La empresa denuncia que estos funcionarios, coordinados por Daniel Company Oliver, manipularon deliberadamente el proceso administrativo y emitieron informes desfavorables bajo la supervisión de José-Carlos Álvarez Toral y Sara Dols Ochoa. Además, se alega un esquema de corrupción y sobornos donde Daniel Company Oliver, José-Carlos Álvarez Toral e Iago Negueruela habrían recibido pagos ilegales para asegurar que las sanciones y decisiones administrativas beneficiaran a entidades rivales.
Mare Nostrum S.L. también acusa a Iago Negueruela de tráfico de influencias, utilizando su posición política para influir en las decisiones de la Inspección de Trabajo y del IBASSAL a cambio de subvenciones.
La denuncia subraya el abuso de poder por parte de estos funcionarios, quienes crearon un entorno hostil y punitivo contra Mare Nostrum S.L. Finalmente, la empresa alega la existencia de un grupo criminal organizado dentro de la Administración Pública, compuesto por funcionarios y colaboradores externos, cuyo objetivo era eliminar la competencia mediante prácticas corruptas y coercitivas.
Insistencias y presentaciones recientes
El 10 de junio de 2024, Mare Nostrum S.L. presentó un nuevo escrito reiterando la solicitud de reapertura de diligencias, destacando que la falta de acción por parte del Juez Antoni Rotger Cifre y la Letrada de la Administración de Justicia Margarita Bosch Lozano está permitiendo que los delitos prescriban. En este escrito, se insiste en la necesidad de que el juez se pronuncie de manera inmediata sobre la reapertura de las diligencias, advirtiendo de la grave dilación en el proceso y la inacción judicial.
Además, se aportaron más pruebas documentales, incluyendo correos electrónicos que sugieren la existencia de un grupo criminal dentro de la Administración Pública, coordinado para perjudicar a Mare Nostrum S.L. La empresa solicita que se notifique al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma para que intervenga en la causa y designe a un fiscal específico para investigar estos hechos.
