Una enmienda planteada por el grupo político Vox a la amnistía urbanística contemplada en el todavía decreto de simplificación administrativa abre una esperanza parcial de solución a los propietarios de los bloques de apartamentos Don Pepe.
La buena noticia para ellos es que tras la convalidación del decreto en ley, prevista para hoy martes y finalmente aplazada, podrán hacer obras en sus casas.
Sin embargo, el lado negativo es que la esperada y reversión de la ruina, por la que los vecinos llevan años luchando contra el Ayuntamiento de Sant Josep y que cuenta con el respaldo del alcalde Vicent Roig, y la aprobación de la ley no suponen que vayan a poder legalizar los Don Pepe.
El motivo es que el texto que aprobará el Parlament no modifica el punto de la amnistía que impide que puedan acogerse a ella los edificios que están bajo los dominios de Costas, tanto dentro del deslinde como afectados por la servidumbre. Este es el caso de los Don Pepe, ya que están afectados parcialmente por la misma, como puede apreciarse en la imagen.
Según fuentes conocedoras de la negociación entre PP y Vox, ambos partidos han acordado no permitir que los edificios afectados por Costas puedan acogerse a la amnistía por mucho que sería la solución ideal para los Don Pepe porque se beneficiarían todos los edificios de Baleares en la misma situación, no solo los Don Pepe, y porque detrás y precisamente por ello, el Gobierno acabaría tumbando la ley por inconstitucional al invadir competencias del Estado.
Para que los Don Pepe puedan legalizar a través de la amnistía debería ser el Gobierno el que modificara la servidumbre en el reglamento que está en reelaboración,. Se trata de una opción posible, pero remota, ya que la acción política va en sentido contrario, además.
La enmienda propuesta por Vox y aceptada por el PP facilita las obras en edificios fuera de ordenación, situación en la que se encuentra Don Pepe, aunque seguirán con tal calificación. Es decir, si se revierte la ruina, podrían rehabilitar el edificio pero no legalizarlo.
La enmienda de Vox
El grupo conservador propone añadir un nuevo apartado al artículo 54 en los puntos B y C del Proyecto de ley de medidas urgentes de simplificación racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears.
Allí se refiere a “las edificaciones o construcciones ejecutadas sin licencia o con licencia anulada respecto de las cuales ya no sea procedente adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen la demolición aplicable en cada caso”, como es el caso de los Don Pepe.
Estas edificaciones que se encuentren en situación de “fuera de ordenación” se permitirían reparaciones “por motivos de salubridad pública, seguridad o higiene de las personas que residan allí o hagan uso”, lo que también es el caso de los Don Pepe.
En este punto, la enmienda plantea que, “mientras no se obtenga la legalización de las construcciones o edificaciones en la parte ilegal no se puede llevar a cabo ningún tipo de obra, sin perjuicio que, desde el momento en que no sea precedente exigir la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística (es decir las obras hayan prescrito) se puedan hacer las obras de reparación a que se refiere la letra B anterior”.
Sin multa
Sin embargo, esto no permitirá regularizar completamente la situación urbanística. Es que el impedimento para legalizar los Don Pepe radica en la ubicación de los edificios: se encuentran afectados parcialmente por la servidumbre de Costas, regulada por leyes estatales.
Allí es donde los diputados del Parlament tienen que pisar sobre campo minado, ya que una intromisión en las competencias del Estado podría provocar que tumben la amnistía urbanística.
Esta salida permitiría una precaria solución para los propietarios de Don Pepe: si revierten la ruina, podrán volver a sus hogares y realizar obras de rehabilitación, aunque sin conseguir la legalización de las propiedades. Y sin afrontar ninguna multa, como sí está contemplado para las legalizaciones.
Revertir la ruina
No obstante, el primer paso que necesitan dar los propietarios del bloque A, que fue desalojado debido a un supuesto deterioro de la estructura, es justamente revertir la declaración de ruina realizada por el Ayuntamiento de Sant Josep.
Para esto, ya han presentado un detallado informe elaborado por una doctora en Arquitectura, docente de la Universidad de Valencia y especialista en estructuras en el que afirma que “no hay ruina”.
El actual alcalde del municipio, Vicent Roig, en la reunión urgencia que mantuvo con los vecinos después de que dos propietarias se saltaran los precintos de sus apartamentos, se había comprometido a analizar la ruina y convocar a la comisión, algo que de momento no ha ocurrido.
“Se hicieron catas, se hicieron estudios y no hay riesgo de ruina”, ha explicado Silvia Hernández, portavoz de los vecinos y una de las propietarias afectadas, a La Voz de Ibiza.
En espera
El Pleno del Parlament, previsto para este martes, finalmente no votará el dictamen de la amnistía urbanística del decreto de ley de simplificación administrativa, tras un pedido de los grupos PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, quienes buscan un consenso para evitar construcciones en áreas con riesgo de inundación.
