Este martes habrá asamblea anual de socios del Club Náutico de Ibiza, la primera desde que en mayo abandonara sus históricas instalaciones. En el aire sobrevuela la dimisión de su presidente, Juan Marí, después de que se haya conocido que la jueza dictara el auto de apertura de juicio oral en la macrocausa del caso puertos que será juzgada por la Audiencia Provincial de Baleares el año que viene.
Según ha podido saber La Voz de Ibiza, Marí le habría adelantado a varios allegados esta decisión que podría concretarse mañana en la asamblea que se celebrará a las 20.15 horas en Can Ventosa.
«No lo sé. Mañana hay asamblea. No le puedo decir nada más. Y por teléfono no quiero hacer declaraciones», ha manifestado esta mañana ante la consulta telefónica de este medio.
Esas pocas palabras hablan más de lo que callan. Aunque ha evitado confirmar su posible dimisión, tampoco ha negado a pocas horas de la convocatoria de socios una decisión que entra dentro de la lógica, tras la confirmación de que el actual presidente del CNI deberá sentarse en el banquillo de los acusados por la investigación del amaño a favor de la institución, al igual que el ex alcalde Rafa Ruiz y la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Una actitud diferente
La determinación que tomaría mañana Juan Marí dista de la actitud de Ruiz, atornillado a su silla como concejal de Vila y a su puesto de portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ibiza.
Eso a pesar que el Código Ético y de Conducta del Partido Socialista aprobado por el Comité Federal del PSOE el 18 de marzo de 2023 es bien claro: establece que una vez dictado un auto de apertura de juicio oral el militante socialista imputado «deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo».
No obstante, la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha emitido un comunicado en el que reitera su total apoyo al exalcalde de Ibiza y confía en que la investigación será archivada o que Ruiz será finalmente absuelto.
De qué se los acusa
Tal como ha publicado La Voz de Ibiza, tanto el escrito de instrucción de la jueza Martina Mora como el de acusación de la Fiscalía relatan las maniobras de la cúpula de la APB y con el respaldo de la abogada del estado y en connivencia con el ex alcalde de Ibiza y entonces miembro del Consejo de Administración de la APB y el conocimiento del Club Náutico de Ibiza para que la entidad mantuviera la explotación de la dársena en el puerto de Vila en perjuicio de los otros licitadores.
Ruiz y Marí se enfrentan a una solicitud de pena de tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación administrativa. Tal como se preveía después de que ni acusación particular, Doce Millas, ni Fiscalía Anticorrupción lo solicitaran en sus escritos de acusación, se ha librado del banquillo el vicepresidente del club, el abogado y ex conseller de Interior del Govern balear, el socialista Josep Maria Costa.
Acompañarán a Rafa Ruiz y a Juan Marí en el banquillo de los acusados en la macrocausa 12 personas más. A la cabeza, el ex presidente de la Autoridad Portuaria nombrado por Francina Armengol, Juan Gual de Torrella. Se enfrenta a una solicitud de nueve años de prisión por delitos de fraude a la administración, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
A peticiones de cuatro años de cárcel se enfrentan Juan Carlos Plaza, director de la APB cuando se cometieron los hechos, Armando Parada, jefe de explotación, Fernando Berenguer, jefe de gestión, Dolores Ripoll, la abogada del estado, y Fernando Puigserver, vicepresidente de la APB.
Otras cinco personas se sentarán en el banquillo por el supuesto amaño de una marina en el puerto de Mahón: Justo Saura, en calidad de presidente de la patronal náutica, y Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons Pérez y Basilio Sastre, en representación de la mercantil supuestamente beneficiada.
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