Los altos cargos de la anterior cúpula de Gent per Formentera en el Consell de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, Sonia Cardona Ferrer, Silvia Margarita Tur Ribas e Isidor Torres Mayans, deberán sentarse en el banquillo de los acusados en abril del próximo año ante la Audiencia Provincial Sección Nº1 en Palma de Mallorca por el amaño en el nombramiento de bomberos colaboradores del Consell Insular, con el objetivo de beneficiar al hijo del actual conseller José Marí Mayans, del mismo grupo político.
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, las acusaciones, que van desde delitos de prevaricación hasta falsedad documental, se basan en los incumplimientos flagrantes y deliberados de los requisitos para cubrir cinco plazas del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, además de paralizar durante un año el expediente para que el bombero beneficiado pudiera acceder al cargo, con el riesgo que ello implicaba ante la falta de personal.
El 22 de septiembre de 2022, tras cinco años y medio de investigación, la jueza Carmen Martín Romero, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ibiza, emitió el auto de apertura del juicio oral contra los acusados, acto que no se había desvelado hasta el momento.
Además, el letrado de la Administración de Justicia, estableció las sesiones del juicio oral para los días 28, 29 y 30 de abril de 2025, a las 9.30 horas.
La Voz de Ibiza ha accedido a los documentos judiciales del auto de apertura del juicio oral, además de las conclusiones del fiscal y la sentencia civil del demandante que derivó justamente en una investigación penal.
Un traje a medida
Todo comenzó el 3 de septiembre de 2011, cuando se publicaron las bases para la selección “de bomberos colaboradores del Consell de Formentera” mediante la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares Nº131.
Allí se detallaba el “reglamento interno del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamentos del Consell por el que se regulaban los requisitos para cubrir las cinco plazas de bombero colaborador presupuestadas por la propia corporación”.
Uno de los requisitos indispensables era poseer permiso de conducir C “o conseguirlo en un término máximo de cuatro meses, de igual manera que se exigía la toma de posesión y/o aceptación formal del cargo una vez realizado el llamamiento para el supuesto de aprobación del proceso selectivo”.
El incumplimiento de este significaba la expulsión del aspirante y la convocatoria al siguiente seleccionado de la lista.
El 2 de noviembre de 2012 se dictó un decreto de presidencia del área de Medio Ambiente del Consell Insular de Formentera por el que se aprobaban las calificaciones provisionales de los siete participantes al proceso.
Todo a pesar de que había tres aspirantes imposibilitados para acceder al puesto: “Marí contaba en el momento de los hechos con solamente 19 años de edad (nació en enero del año 1993) y por tanto estaba incapacitado para poder obtener el permiso de conducción C, el cual exige tener la edad de 21 años; por su parte, Calzado, consta que en el momento de la aceptación del cargo (8 de enero de 2013) no contaba con el permiso de conducción y tampoco lo obtuvo en el plazo exigido por el reglamento de cuatro meses; y por último, Espinosa, en octubre de 2012 renunció expresamente al nombramiento que se efectuaría cuatro meses después (enero de 2013)”.
El fiscal de la causa pudo establecer que “los acusados, de común acuerdo, con absoluto desprecio por las bases establecidas y obviando por completo la normativa que imperaba el proceso selectivo, teniendo el pleno control y dominio del hecho, decidieron efectuar el nombramiento de Carlos Marí Mayans, Carlos Calzado Fernández y Antonio Espinosa, para favorecerlos en la obtención del puesto de trabajo en detrimento de otros participantes”.
Expediente paralizado por un año
Además de las irregularidades descritas, los acusados utilizaron otra artimaña: paralizar el expediente durante un año hasta que Marí Mayans tuviera la edad suficiente para tener su carnet de conducir correspondiente.
Esta dilación indebida e injustificada en el procedimiento fue destacada en la sentencia por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Palma, que determinó reconocer al denunciante Rubén Castellar Lozalo –perjudicado por este amaño- la condición de “bombero colaborador desde enero de 2013 (fecha en que efectivamente debería haber sido llamado como trabajador)” e indemnizarlo con 80.199 euros.
La renuncia de Antonio Espinosa fue la excusa perfecta para paralizar más de un año el expediente, tiempo suficiente para que Marí Mayans cumpliera los 21 años para obtener el permiso C y poder nombrarlo, lo que se produjo el 15 de mayo de 2014.
El fiscal concluye que, “en el ejercicio de sus funciones y puestos de común acuerdo decidieron arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un procedimiento de selección de bomberos colaboradores del Consell de Formentera. A tal fin dictaron cuantas resoluciones fueron necesarias, realizaron las gestiones y omitieron los actos a los que venían obligados con infracción de la normativa aplicable y sin justificación alguna”.
A pesar de la sentencia civil y la investigación penal, Marí Mayans continúa ostentando el cargo de bombero de Formentera. Se trata del hijo de José Marí Mayans, actual integrante de la Comisión de Código Ético y Buen Gobierno, quien firmó el sesgado informe contra el presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, que ha derivado en la moción de censura impulsada por GxF y PSOE y que ha tenido el aval de Sa Unió que cedió ante las exigencias de los grupos de izquierda.
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