El informe de la Comisión del Código Ético y Buen Gobierno del Consell de Formentera, emitido a propuesta del PSOE, deja un reguero de contradicciones fácilmente rebatibles y, sobre todo, de omisiones difícilmente justificables, la más notable, la incompatibilidad del entonces vicepresidente Javier Serra.
El citado informe ha sido el protagonista del debate político de la isla la semana en la que se ha cumplido un año desde el inicio de la crisis ya que ha sido aprovechado por GxF y PSOE de Formentera para ofrecer su apoyo a Sa Unió siempre que dimita José Manuel Alcaraz, señalado en el informe por grabar a Córdoba y por no devolver teléfono y ordenador tras ser cesado.
Así, es destacable que los miembros de la citada comisión, el ex notario de Formentera, Javier González Granado; una técnico de Litoral que pidió ser trasladada para evitar a Córdoba, Lidia Serrano Tur; Neus Costa, profesora jubilada; y el conseller de GxF, José Marí Mayans, consideraron que no tenían que analizar que Javier Serra, presidente de Compromís, fuera conseller del gobierno insular manteniendo sus participaciones en Marina de Formentera, empresa que tiene contratos en vigor con la administración, en este caso Autoridad Portuaria. Y que, curiosamente o no, dejara caducar el Plan Especial del Puerto de la Savina y que a día de hoy todavía se espere una explicación pública por ello.
Obviamente, tampoco ha hecho referencia la Comisión a que el presidente haya dicho públicamente que ha pedido un informe al secretario de la Corporación y que este informe nunca haya llegado.
Las mentiras de Sa Unió
Ni tampoco que Sa Unió anunciara que había pedido un informe sobre el mismo asunto a la Abogacía de la Comunidad Autónoma, lo que también fue falso por la sencilla razón de que la Abogacía de la Comunidad no tiene entre sus funciones la emisión de informes para un consell.
Sesgo
Le parece un asunto al menos tan relevante como para merecer su análisis que el presidente tardara algunas semanas en firmar la controvertida acta de la Junta de Gobierno en la que Sa Unió evitó declarar desiertos los lotes de los chiringuitos.
Tal como publicó La Voz de Ibiza, el borrador del acta inicialmente redactada por el secretario sufrió modificaciones, hecho que, sin embargo, es obviado a la hora de relatar los hechos sobre este punto.
Doble rasero
Otra omisión de la Comisión es la falta de análisis a las críticas y al escarnio público que sufrió la técnico de Recursos Humanos que redactó el informe, a petición del presidente Llorenç Córdoba, con el que pretendía declarar los lotes pendientes desiertos. Así, la parcialidad de la Comisión es patente a la hora de proteger a determinados funcionarios y olvidarse de otros.
En el acta de la controvertida Junta de Gobierno del día 25 de marzo se puede leer que «el Sr. Portas Juan dice que no aceptan este informe (el de la letrada de RRHH) y que es un informe que no se ha de tener en cuenta» y «que no se fían». Sin dar ni una sola explicación.
Tampoco nada dicen de que ese mismo día el secretario omitió deliberadamente la lectura del segundo punto del artículo 201 de la Ley de Contratos del Sector Público, contrario a sus tesis y favorable a las del presidente, lo que provocó su airada reacción.
Menos aún que el interventor utilizara un argumento contrario a las bases para desacreditar el contenido del informe, ya que las bases prohíben expresamente la externalización de los servicios, tal como ha avanzado La Voz de Ibiza.
Ni una palabra merece que la recusación de los quioscos mejor puntuados fuera suficiente para desacreditar el informe, lo que acabaría facilitando que Sa Unió adjudicara los lotes de los quioscos a siete empresas que no habrían ganado sin los cambios de criterio.
Los hechos analizados
Estas son las clamorosas omisiones que ha identificado La Voz de Ibiza del informe de la Comisión del Código Ético, sin perjuicio de que haya habido otras. Por las razones que sean, en cambio, los miembros del órgano decidieron que sí debían analizar las siguientes cuestiones:
- La grabación por parte de José Manuel Alcaraz de una conversación con Llorenç Córdoba
- La solicitud de un sobresueldo de Llorenç Córdoba
- Falta de respeto a los funcionarios
- Retraso injustificado en el visto bueno de una acta de la Junta de Gobierno
- Filtraciones a los medios de comunicación
- Falta de comunicación y respeto entre el presidente y sus consellers
- Uso de teléfonos y ordenadores por parte de sa Unió tras presentar su dimisión
- Nombramiento de Asier Fernández como director insular de Litoral
- Acuerdo preelectoral secreto
- Utilización de medios públicos para finalidades privadas
Así lo hicieron, sin dar audiencia a los interesados y sin interesarse por la veracidad de los hechos.
Funcionarios intocables
De la lectura del informe, se deduce que la identidad de los funcionarios no puede ser citada en los medios de comunicación y que su actuación no puede ser objeto de crítica política ni mediática. Salvo en el caso citado, claro está.
Reproba la Comisión que el presidente osara criticar el trabajo de la Mesa de Contratación, plagado de irregularidades como ha venido publicando en solitario La Voz de Ibiza.
En esta línea, también merece la reprobación de la Comisión que el actual director insular de Litoral, Asier Fernández, criticara el concurso bajo sospecha antes de su nombramiento.
Censura informativa
El informe también supone un ataque al derecho a la información consagrado en la Constitución. Además, de clamar para que los funcionarios no sean criticados por el mero hecho de serlo, también cuestiona que los medios de comunicación tenga acceso a información pública y esta sea difundida.
No les parece bien a los miembros de la Comisión Ética que los ciudadanos conozcan que los funcionarios de Litoral han pedido ser trasladados de área por falta de confianza en Llorenç Córdoba. Tampoco que se conociera el contenido del borrador de la controvertida acta del 25 de marzo en la que Sa Unió impidió declarar desiertos los lotes de los chiringuitos y que posteriormente fue modificado.
Tampoco que La Voz de Ibiza difundiera en exclusiva el citado informe de la letrada de Recursos Humanos.
Debate político
A pesar de que la libertad de expresión está consagrada en la Constitución y los límites establecidos en el Código Civil y resto del ordenamiento jurídico, la Comisión del Código Ético se entromete en este punto para denunciar la falta de respeto entre el presidente y los consellers del equipo de gobierno.
«Los miembros del equipo de gobierno (…) se falta al respeto reiteradamente y caen con frecuencia en ataques personales de forma recíproca y sin que una parte sea víctima de la otra, sino que se da como parte de una lucha interna que deteriora el funcionamiento del Consell de Formentera y la buena imagen de la institución, utilizando descalificaciones y difundiendo rumores o acusaciones que en ningún caso se basan en pruebas», dice en este punto el informe.
