El Govern balear, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y la Policía Local, ha llevado a cabo una exhaustiva campaña de inspección en seis promociones de viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio, logrando detectar nueve posibles casos de alquiler irregular.
La operación, que se realizó durante dos días, pone de manifiesto las irregularidades que afectan al acceso a viviendas asequibles, un problema de creciente preocupación en la isla.
Irregularidades detectadas en las inspecciones
En la promoción de la calle Albarca, los inspectores descubrieron un caso en el que una vivienda de protección oficial se estaba destinando tanto al alquiler por habitaciones como al turismo vacacional. Las habitaciones se ofrecían por un precio de 700 euros cada una, lo que supone una clara violación de las normativas vigentes. En otro edificio, los vecinos señalaron indicios de prácticas similares relacionadas con el alquiler turístico.
El resto de los casos se centraron en propietarios que ofrecían las viviendas a precios por encima del máximo legal permitido o, en un caso particular, sin contar siquiera con un contrato formalizado. Estas prácticas no solo violan la normativa, sino que también dificultan el acceso a viviendas asequibles para quienes más las necesitan.
Sanciones ejemplares para combatir el fraude
Los posibles infractores podrían enfrentarse a sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. Además, a estos montos se podrían añadir otros importes calculados en función de las cantidades cobradas de manera indebida.
Por ejemplo, si un propietario ha cobrado un sobreprecio mensual de 100 euros durante un año, la multa podría rondar los 5.000 euros. En casos más graves, como cobrar 500 euros adicionales al mes durante cinco años, la sanción podría alcanzar el máximo legal de 30.000 euros.
Revisión y seguimiento de los casos
El Ayuntamiento de Ibiza, a través de su departamento de Urbanismo, revisará las infracciones detectadas para evaluar posibles sanciones adicionales por cambio de uso de las viviendas protegidas. Estas penalizaciones podrían alcanzar hasta el 75% del valor de mercado de la vivienda en cuestión, según establece la normativa local.
Para llevar a cabo estas inspecciones, el operativo contó con la participación de tres inspectores del Govern y cuatro agentes de la Policía Local, que trabajaron de manera conjunta para garantizar el éxito de la operación.
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