Una auditoría externa encargada por el actual Govern balear ha revelado numerosos incumplimientos normativos y deficiencias documentales en decenas de expedientes de compra de material sanitario tramitados durante la pandemia por el Ejecutivo que entonces presidía Francina Armengol (PSOE).
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El análisis, realizado por la empresa Netadia Europa tras un concurso público, examina 60 contratos suscritos entre 2020 y 2022 por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) durante la etapa de emergencia sanitaria por el COVID-19. Todas las compras fiscalizadas superan los 100.000 euros.
Fiscalización tras el estallido del caso Koldo
La decisión de encargar esta auditoría se adoptó tras estallar en 2024 el llamado caso Koldo, que investiga una supuesta red de corrupción vinculada al Ministerio de Transportes y a la compra de mascarillas.
El caso mantiene en prisión preventiva al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, y afecta de lleno a un contrato tramitado en Baleares durante el mandato de Armengol.
En concreto, se trata de la adquisición de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, una de las firmas investigadas por la Audiencia Nacional. Según consta en la causa, se hallaron mensajes entre Koldo y la entonces presidenta balear en los que García le aseguraba: “Cariño, te mantengo informada de todo”.
Incumplimientos en más del 90% de los contratos
El informe de Netadia señala que la mayoría de los expedientes revisados presentan irregularidades administrativas, según han detallado esta mañana diferentes medios.
Entre las más frecuentes destaca la ausencia de informes técnicos previos que justificaran las necesidades de compra, en más de la mitad de los casos.
También se identificaron numerosos contratos sin constancia documental sobre la recepción del material o sin verificar que este se ajustara a lo pactado. En algunos casos, no hay actas de recepción ni firmas de responsables, lo que impide certificar la correcta entrega del suministro.
Además, la auditoría indica que se vulneraron las normas de publicidad y transparencia, y que tres de las adquisiciones –por un total de 1,5 millones de euros– se realizaron a precios significativamente superiores a los del mercado.
Falta de control sobre posibles conflictos de intereses
Uno de los aspectos más graves recogidos en el documento es que ningún contrato incluye prueba alguna de que se aplicaran mecanismos para evitar conflictos de intereses.
“No hay pista de auditoría –rastro documental– de dicha comprobación en ningún expediente”, concluye el informe.
El análisis también compara el coste de las adquisiciones realizadas por el Govern balear con las compras efectuadas por otras comunidades autónomas, encontrando diferencias notables en algunos casos.
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