Tras más de quince años de dilaciones, maniobras judiciales y presuntas protecciones políticas, la causa conocida como “Prostitución VIP” —una de las más resonantes en Argentina por presunta explotación sexual vinculada al mundo del espectáculo— finalmente será juzgada: el proceso oral comenzará el 26 de octubre en los tribunales de Comodoro Py.
El principal acusado es el representante de modelos Leandro Santos, junto a sus hermanos Rodrigo Santos y Micaela Santos, señalados como integrantes de una estructura que habría operado durante años bajo la fachada de la agencia Latin American Models, con fuerte presencia en la televisión, el teatro y la vida nocturna.
Pero el caso no se limita a Argentina: uno de los imputados, Rodrigo Santos, ha desarrollado en los últimos años una intensa actividad en Ibiza, donde su nombre también quedó envuelto en polémicas por supuestos negocios ilegales.
De la farándula al entramado judicial
Según la investigación, la organización habría captado mujeres con promesas de carrera en el modelaje —desfiles, eventos y apariciones mediáticas— para luego derivarlas a encuentros sexuales con hombres de alto poder adquisitivo. El circuito incluía reclutamiento en Uruguay, traslados a Punta del Este y Buenos Aires, y alojamiento en ambas ciudades, según publica los medios argentinos Página 12 y Revista Noticias.
El expediente, iniciado a partir de una investigación en Uruguay bajo la denominada “Operación Blanca”, avanzó en Argentina con el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello, quien también ordenó embargos millonarios.
La causa expone un entramado donde confluyen figuras del espectáculo, empresarios y sectores del poder político, y que ganó notoriedad pública por episodios como el escándalo que involucró al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici. Esta última reconoció ante la Justicia haber trabajado como “acompañante de viajes” a cambio de dinero y bienes de lujo.
Ibiza: negocios paralelos y controversias
En paralelo al avance judicial en Argentina, Rodrigo logró en 2022 que la Cámara Federal de Casación Penal levantara la prohibición que le impedía salir del país, alegando su derecho al trabajo. Desde entonces, ha mantenido una presencia recurrente en Ibiza durante las temporadas de verano.
En la isla, su actividad ha sido objeto de denuncias por intrusismo tanto en el transporte ilegal de pasajeros como en el alquiler turístico ilegal. Investigaciones periodísticas revelaron una supuesta vinculación con “Ubiz”, una plataforma ilegal que operaba mediante grupos de WhatsApp para conectar conductores sin licencia con turistas, estableciendo tarifas fijas y un sistema de cuotas semanales, según publicó Diario de Ibiza.
El propio implicado habría llegado a reconocer en una grabación que obtenía ingresos diarios de entre 350 y 400 euros como taxista pirata en Ibiza. Además, también fue señalado presuntamente por alquilar habitaciones a turistas a través de Airbnb ilegal en Ibiza, con precios de entre 188 y 208 euros por noche en zonas próximas a la avenida 8 d’Agost.
Aunque actualmente no figuran anuncios activos a su nombre en la plataforma en Ibiza, registros recientes indican que continuó operando durante el último verano. Estas actividades han generado tensiones con asociaciones como Élite Corsaris, que denuncian la competencia desleal del transporte ilegal en Ibiza.
Una causa atravesada por el poder
El caso también tiene conexiones con otros episodios de alto perfil, como la aparición de modelos de la agencia en la causa por la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Además, uno de los elementos más sensibles del expediente es la denuncia de una menor de edad, que habría sido explotada en un inmueble conocido como “El Galpón de los Santos”, en el barrio porteño de Palermo.
En Uruguay, socios de la agencia ya cumplen condenas desde 2012 por delitos de trata de personas, proxenetismo y lavado de dinero, lo que contrasta con los años de estancamiento que tuvo la causa en Argentina.
El juicio, una instancia clave
El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación será sostenida por el fiscal federal Miguel Ángel Osorio.
A lo largo del proceso, la defensa de Santos estuvo en manos de abogados de alto perfil, como Mariano Cúneo Libarona y Fernando Burlando.
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